La Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha presenta una queja por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad ante el Defensor del Pueblo. En concreto, denuncia "la falta de diálogo, transparencia y participación ciudadana" en la implantación de la ZBE, así como "el nulo impacto que tendrá en la salud pública".
Paralelamente, está estudiando la vía judicial para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza, cuyo plazo finaliza el próximo 5 de febrero, y valorando acciones a emprender con asesoramiento legal especializado.
Tras la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, la Zona de Bajas Emisiones de Santander ha entrado en vigor el pasado 1 de enero, tres años después del plazo establecido por la Ley de Cambio Climático.
Ante esta situación, la Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha registrado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, denunciando lo que considera un "timo" a la ciudadanía, financiado con dinero público y con un "impacto mínimo" en la salud de las personas, que es el objetivo principal de este tipo de medidas, ha señalado este viernes en un comunicado.
Según ha explicado, la decisión se fundamenta en "el nulo diálogo, la falta de respuesta sistemática del equipo de Gobierno del Partido Popular y la ausencia total de canales de participación ciudadana durante todo el proceso de elaboración y aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la ZBE".
Entre los hechos denunciados figuran la "falta de respuesta" del Ayuntamiento a las alegaciones presentadas en el mes de julio por diversos colectivos y personas contra el Proyecto de Ordenanza publicado en junio; y "la reiterada negativa" municipal a hacer públicos los datos de contaminación, niveles de ruido y tráfico de la ciudad, solicitados en numerosas ocasiones y que, además de ser obligatorios por ley, han sido financiados con dinero público procedente de Fondos Europeos, ha indicado.
Igualmente esgrime la "ausencia total de procesos participativos durante más de cinco años" con colectivos sociales, asociaciones, personal técnico y ciudadanía en general para explicar, debatir y consensuar el sentido y alcance real de las Zonas de Bajas Emisiones.
La respuesta dada a las alegaciones presentadas contra la Ordenanza, cuya literalidad fue que "no se presenta redacción alternativa al texto de la Ordenanza", según la plataforma, "traslada injustificadamente a los colectivos ciudadanos la responsabilidad que corresponde a los servicios técnicos municipales y a las empresas contratadas, que han percibido más de tres millones de euros por estos trabajos".
La Asamblea considera que estos hechos suponen una vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la calidad de vida, a un medio ambiente saludable, al acceso a la información ambiental, a la transparencia, al buen gobierno y a la participación ciudadana.
"Todo ello genera incertidumbre y malestar en la población, al tiempo que se retrasan y minimizan las necesarias acciones de sensibilización, educación y gestión del espacio público", añade.
Asimismo, indica que la Ordenanza "incumple la normativa estatal al no establecer una ZBE que abarque una superficie significativa del municipio ni que beneficie a una mayoría de la población de Santander, gran parte de la cual está sometida a altos niveles de contaminación y ruido ocasionados por el tráfico".
A ello se suma la exclusión, a su juicio "injustificada", de las Zonas de Especial Sensibilidad, como centros sanitarios (Hospital Valdecilla, centros de salud, centros de día), educativos (escuelas infantiles, colegios, institutos y la Universidad de Cantabria) y sociales (centros cívicos y locales de asociaciones vecinales), muchos de ellos ubicados en las zonas con mayores niveles de contaminación.
Así pues, la Asamblea Ciudadana Santander Saludable considera que la alcaldesa, Gema Igual, y su equipo de Gobierno "actúan de espaldas a la salud de la ciudadanía, negando la contaminación existente y renunciando a adoptar las medidas ambiciosas y eficaces que necesita nuestra ciudad".
A su juicio, "resulta especialmente contradictorio que el Ayuntamiento proyecte una imagen de ciudad verde y saludable, con iniciativas como 'Mi barrio late sano y feliz', mientras se ignoran problemas estructurales que afectan directamente a la calidad de vida: la falta de zonas verdes en los barrios, los elevados niveles de contaminación y ruido, un tráfico cada vez más insoportable, el consumo de alcohol en la vía pública o la suciedad urbana, que lejos de mejorar, la situación empeora año tras año".
