El Ayuntamiento de Santander deberá suspender la celebración del primer examen para 10 plazas de auxiliar administrativo, que iba a tener lugar el sábado 24 de enero, tras la notificación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que, al declarar caducada una plaza convocada en el año 2022, a raíz de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019, anula, a su vez, todos los actos administrativos posteriores a la misma, lo que afecta a la convocatoria cuyos procesos selectivos estaban a punto de comenzar.
Así lo ha informado este viernes en un comunicado el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, quien ha remarcado que se trata de una medida que se toma "por causas ajenas al Ayuntamiento", que tratará de "agilizar al máximo" los trámites necesarios para que se apruebe una convocatoria en las mesas de negociación y las pruebas de selección se puedan convocar y celebrar en un plazo aproximado de seis meses.
Portilla ha remarcado, además, que se devolverán las tasas de examen a los aspirantes que han concurrido a este proceso. De esta manera, en próximas fechas se informará a los aspirantes admitidos del procedimiento para solicitar la devolución de las tasas abonadas en el año 2022.
"Lamentamos enormemente los inconvenientes que conlleva la suspensión de este proceso selectivo para las personas que van a opositar a estas plazas, pero como consecuencia de la sentencia del TSJC y, ante la inseguridad jurídica creada, no nos queda más remedio que tomar esta decisión", ha subrayado el edil, quien ha insistido en que la convocatoria se retomará "lo antes posible".
SENTENCIA
Ha detallado que el Ayuntamiento de Santander tuvo conocimiento este jueves de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en la que se declara caducada una plaza convocada en el año 2022, a raíz de la OEP del año 2019, lo que supone, de facto, que la convocatoria de la plaza decae, anulando todos los actos administrativos posteriores a la misma.
Asimismo, la sentencia recoge como fundamento jurídico otra del Tribunal Supremo de julio de 2025, en la que se modifica la jurisprudencia vigente sobre la caducidad de las plazas convocadas en OEP. En dicho auto, el Supremo resuelve que el plazo de tres años para entender caducada una plaza y que fija el Estatuto Básico del Empleado Público no es hasta la convocatoria de la misma, como se venía interpretando hasta la fecha, sino que esos tres años deben entenderse como el plazo máximo para su completo desarrollo (convocatoria, exámenes y nombramiento).
Como consecuencia de esta sentencia y ante la inseguridad jurídica creada, el Ayuntamiento de Santander "no tiene otra opción que suspender la convocatoria de 10 plazas de auxiliar administrativo, vinculadas a la OEP de 2019, convocadas en el año 2022 y que iban a celebrar su primer examen el próximo sábado, 24 de enero", ha señalado.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento había optado por ejecutar la OEP buscando el equilibrio entre la sentencia del Supremo, que en su cláusula decimosexta afirmaba que podía prolongarse dicho plazo por interés general, y el perjuicio que causaría a terceros (aspirantes ya admitidos al proceso selectivo), ha explicado el edil.
"No obstante, ante la sentencia conocida ayer y a la vista de los informes jurídicos y técnicos al respecto, la decisión resulta ya incuestionable, toda vez que el TSJC asume la jurisprudencia del TS en su totalidad", ha apuntado el concejal.
Portilla ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento "se compromete" a que, una vez se declaren caducadas dichas plazas, se negocie y se convoque "con la mayor celeridad posible" la OEP de 2026, en la que se incluirán de nuevo y como mínimo estas mismas 10 plazas, que se sumarán a las siete ya aprobadas en las OEPs de 2023, 2024 y 2025, de manera que los nuevos exámenes se puedan celebrar en los próximos seis meses.
