Izquierda Unida ha lamentado que el PRC haya asumido "sin reservas" el marco fiscal del PP en el acuerdo de Presupuestos, un modelo que, a su juicio, "prioriza los beneficios para unos pocos en lugar de fortalecer los servicios públicos de los que depende la mayoría social".
El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha señalado que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones "no introduce cambios estructurales" y "profundiza en un enfoque económico basado en deducciones fiscales que favorecen más a quienes ya cuentan con capacidad económica que a los hogares con menos recursos".
Además, ha incidido en que las medidas de vivienda resultan "claramente insuficientes" y ha destacado que la principal propuesta, una cuenta de ahorro vivienda con una aportación máxima de 200 euros anuales, es "simbólica y totalmente marginal" frente al coste real del acceso a una vivienda en la comunidad.
"Sin un parque público de alquiler de vivienda ni topar los precios en zonas tensionadas, esta medida sólo significará más trasvase de dinero a los caseros, pero no garantizar autonomía plena a los perceptores de esta ayuda", ha apuntado, ya que cree que las ayudas fiscales "deben sujetarse a nivel de rentas, en el caso de compradores, y de cobro de renta social, en el de arrendadores".
Así, ha apostado por actuar desde el sector público autonómico para proporcionar vivienda pública en alquiler a 75 años a precios máximos de 300 euros al mes. "Se estimula la compra con ayudas fiscales que se ha demostrado que terminan yendo al bolsillo de los vendedores que es quien realmente se benefician de ellas", ha incidido.
En materia económica, piensa que el pacto consolida un modelo de deducciones fiscales que "no beneficia a la población con menos ingresos" y ha afirmado que "muchas" de ellas exigen capacidad de gasto previo, lo que deja fuera a quienes "no pueden permitirse un gimnasio o afrontar pagos por adelantado".
También ha criticado que la dotación de un millón de euros para la Atención Primaria es "claramente insuficiente para afrontar la falta de profesionales, la saturación de los centros de salud y los cierres de consultorios rurales".
Asimismo, ha advertido que el acuerdo propone "aumentar la concertación con el sector privado" en ámbitos como la dependencia, "sin reforzar la red pública", lo que a su juicio contribuye a "consolidar un modelo de externalización".
En el ámbito educativo y cultural, ha alertado de que el documento vincula las mejoras laborales del profesorado a la disponibilidad económica futura del Ejecutivo, lo que, en su opinión, "vacía de contenido" el preacuerdo alcanzado con el colectivo docente y deja la puerta abierta a que las mejoras "no lleguen a materializarse en próximos años".
También ha lamentado que el sistema de becas mantenga un enfoque basado en el rendimiento académico y no en la situación socioeconómica. En su opinión, "se prima el mérito individual frente a la igualdad de oportunidades" y se renuncia a reforzar los apoyos para estudiantes de familias con menos recursos.
Sobre el sector primario, ha opinado que el pacto "no aborda los problemas estructurales del campo" ni avance hacia un modelo agrario sostenible, manteniendo el enfoque "tradicional y limitado" de las ayudas puntuales.
Respecto a la industria y las inversiones, ha considerado "claramente insuficiente" la dotación de 5 millones de euros destinada a las comarcas de Campoo y Besaya y ha advertido que esta cifra "no permite hablar de una reindustrialización real" y que el acuerdo "no incorpora una estrategia industrial ni medidas para impulsar la transición ecológica del sector".
También ha mostrado preocupación por las cláusulas del acuerdo que limitan la capacidad de acción parlamentaria y ha explicado que el PRC se compromete a no presentar enmiendas a la totalidad y que tanto PRC y PP solo podrán registrar enmiendas por un máximo de un millón de euros cada uno, sin poder apoyar las propuestas de otros grupos sin acuerdo previo mutuo.
En su opinión, esto "reduce el margen de mejora del presupuesto, restringe el debate parlamentario y dificulta la incorporación de propuestas de otros grupos". Finalmente, IU ha señalado que el acuerdo sitúa al PRC como "sostén del Ejecutivo del PP", permitiendo aprobar un presupuesto que considera "continuista y sin ambición social".
A su juicio, el pacto "refuerza la política de deducciones fiscales, no introduce inversiones estructurales en servicios públicos y deja fuera a quienes más necesitan una intervención decidida del sector público", como jóvenes sin acceso a la vivienda, familias trabajadoras y habitantes de zonas rurales.
