La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha descartado cesar al concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, y al director general del área, Juan Doñabeitia, como han pedido los grupos Socialista y Mixto (IU) este jueves en el Pleno de la Corporación.
Si bien ha manifestado que pedirá tanto al edil como al director general, "como hago todos los días a todos", que hagan "lo mejor posible el trabajo, mirando el bien general y no el bien particular". A ello ha añadido que "cuando nos equivoquemos, pidamos perdón".
"No voy a contemplar echarlos", ha afirmado la regidora en la primera sesión plenaria ordinaria de 2026, al término de la votación de tres mociones presentadas por los grupos del PSOE, IU y PRC relativas a la gestión de los recursos humanos municipales.
Unas iniciativas que se han presentado después de que el Consistorio suspendiera el primer examen del proceso selectivo de 10 plazas de auxiliar administrativo por una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TJSC) al declarar caducada una plaza convocada en el año 2022, a raíz de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019.
Todas la mociones, que han sido debatidas juntas pero votadas por separado, han sido rechazadas con la mayoría absoluta del PP, que ha sido el único partido que ha votado en contra, mientras Vox se ha abstenido en las tres.
Igual ha justificado su decisión en que, para pedir un cese, "hay que tener las cosas medianamente bien hechas". Y lo ha dicho para reprochar, principalmente al PSOE, que los ceses no se piden cuando "todos los días aparecen nuevas informaciones sobre financiación ilegal, cuando no han cabido los trenes por los túneles o cuando uno pasa por alto todas las injerencias sexuales vomitivas, por no llamarlo de otra manera". "Aquí ni todos somos santos ni todos somos villanos", ha enfatizado.
Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha calificado de "desastre" la gestión de los recursos humanos en el Consistorio y ha afirmado que es un asunto "profundamente político". Ha lamentado que conlleva "consecuencias reales" sobre la ciudadanía que depende de sus servicios, con especial incidencia en la Policía Local, bomberos, los servicios sociales y áreas técnicas, que sufren "falta" de personal.
Así, ha apuntado que no se trata de un asunto puntual, sino de una "acumulación" de "muchos errores", a lo que ha unido la existencia de un "incumplimiento de la palabra dada" por el equipo de Gobierno con los sindicatos y la Junta de Personal en los acuerdos alcanzados. "Es una falta evidente, palpable, de voluntad política", ha sentenciado el portavoz socialista, que ha interpelado directamente a la regidora para decirle que esto "se arregla asumiendo responsabilidades" y cesando "a quien no ha estado a la altura".
Además, ha hecho hincapié en el "bloqueo" y la "preocupación legítima" que esta situación ha generado, no solo en cuanto a los servicios prestados, sino también en la organización interna del Ayuntamiento.
Por el PRC, María Victoria Fernández ha hecho hincapié en que las tres mociones, aunque con "distintos enfoques", tienen un punto en común y parten de "una misma realidad": la gestión de los recursos humanos que "ahora mismo" presenta un "colapso" en cuanto a la planificación, con retrasos "injustificados" en procesos selectivos e "inseguridad" en la convocatoria.
Al igual que el portavoz socialista, se ha dirigido a la alcaldesa para pedirle que "coja el toro por los cuernos" y adopte "medidas concretas" porque la situación "es lo suficientemente grave".
Y desde el Grupo Municipal Vox, su portavoz Laura Velasco, ha vaticinado que los responsables de Recursos Humanos "no van a dimitir" y ha abogado por "intentar evitar" que esta situación "vuelva a suceder".
Como el resto de la oposición, ha puntualizado que este asunto "no es nuevo" y ha calificado de "caótico" todo lo que tiene que ver con Recursos Humanos. Al respecto, ha lamentado que el "déficit" de personal se esté cubriendo con una "sobrecarga" de labores a trabajadores que "ni les corresponden ni les competen". Por ello, ha señalado que su grupo ha solicitado que el concejal y el director del área compadezcan en comisión.
En la misma línea, el portavoz de IU, Keruin Martínez, ha sostenido que la sentencia del TSJC ha sido "la gota que colma el vaso" y ha afirmado que "no cabe otra salida que asumir responsabilidades", por lo que ha pedido el cese de Portilla.
Ha criticado que tras casi tres años al frente de la Concejalía, el edil "no ha dado ningún paso ni en la modernización ni en la mejora" de la situación de la plantilla municipal, que es un problema que "viene de largo", y, por tanto, afecta al funcionamiento "normal y deseable" del Ayuntamiento. A su juicio, este concejal "no puede seguir en el cargo para abordar las posibles soluciones y las salidas" de los conflictos con los trabajadores.
CUMPLIMIENTO OBLIGADO
Portilla, que no ha hecho referencia a si presentará su dimisión, ha contestado a la oposición que con sus mociones "intentan convertir el cumplimiento de una sentencia judicial en una supuesta irresponsabilidad política" y ha calificado sus críticas de "oportunistas".
Ha afirmado que las sentencias "no se negocian, no se votan y no se eluden: se cumplen", para señalar que la actuación del Ayuntamiento de suspender el examen de auxiliar responde al "cumplimiento obligado" de una sentencia judicial basada en una doctrina fijada por el Tribunal Supremo y no a una decisión política "caprichosa".
Por último, después de oír a la oposición, ha afirmado que ésta necesita "un culpable político", y que "cuando se queda sin argumentos jurídicos, recurre a lo de siempre: al ruido, a los gestos grandilocuentes y a lecciones que no tienen sentido".
Además, Portilla ha hecho referencia al proceso selectivo de bomberos en la OPE de 2017 del Ayuntamiento de Torrelavega --cuya concejala de Recursos Humanos es socialista-- que "acumula años de retraso y no ha sido resulto"; así como a la polémica en el Ayuntamiento de Cartes con el exalcalde y actual secretario de Organización del PSOE, Agustín Molleda.
PROTESTA DE LOS EMPLEADOS
Como ya sucedió al inicio de la anterior sesión plenaria de diciembre, alrededor de una treintena de empleados públicos del Ayuntamiento han protagonizado una nueva protesta en la que han reivindicado la ejecución de los acuerdos y la mejora de sus condiciones laborales.
Así, han estado presentes durante el Pleno con pancartas con consignas como '¡Basta de demora! ¡Está negociado ya! Acuerdo ya' o 'Ejecución de los acuerdos ya!' y que han alzado durante las votaciones de las mociones.
Por otra parte, el Pleno ha tumbado otras tres mociones, todas con el voto en contra del PP. La primera, una socialista que pedía instar al Gobierno de Cantabria (PP) a poner en marcha un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el entorno de los barrios de Peñacastillo, Nueva Montaña y Campogiro; la segunda provenía del PRC que solicitaba un plan de acción para la identificación y retirada de vehículos abandonados en la vía pública, y la tercera, a propuesta de IU, que solicitaba rechazar el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y los países del Mercosur.
Por contra, ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Vox para ampliar la mejora de la intersección en Rucandial.
