El Gobierno de Cantabria va a solicitar al Ministerio de Educación la permanencia del programa PROA+ a partir del curso 2023-2024 para que sea "estable, duradero y una constante en todos los cursos educativos".
Así lo ha anunciado la consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, que ha inaugurado este martes junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el I Encuentro PROA+ de Cantabria, donde ambos han destacado la "eficacia" de este programa para igualar las oportunidades sociales y territoriales.
El Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+), que desarrolla durante los cursos escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa.
Tanto el presidente como la consejera han puesto en valor la apuesta del Ejecutivo autonómico por implementar medidas que traten corregir las situaciones de desequilibrios entre personas y territorios.
En este sentido, Revilla ha reiterado el apoyo "sin precedentes" del Ejecutivo autonómico a la educación, con un incremento presupuestario del 26 por ciento, que la ha convertido en "la mejor de España".
Por su parte, Lombó ha subrayado el papel de los fondos europeos, que junto con los fondos propios que Cantabria viene destinado desde 2004 al Programa de Refuerzo Educativo Complementario (PREC), han permitido que Cantabria destine en la actualidad "la mayor cuantía de su historia al refuerzo educativo".
Durante los tres cursos de vigencia del PROA+, los 72 centros participantes cuentan con 7 millones de euros para la atención del alumnado más vulnerable, mientras que el PREC dispone ya este año de una inversión que supera el 1,1 millón.
PROA+ tiene como destinatarios los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos que cuenten con, al menos, un 30% de alumnado educativamente vulnerable en un sentido global, así como centros rurales y/o insulares, ubicados en zonas deprimidas o con gran dispersión de la población.
Se entiende por alumnado vulnerable en un sentido amplio aquel que presente necesidades asistenciales (alimentación, vivienda o suministros básicos), escolares (clima familiar propicio, brecha digital o material escolar), necesidades socioeducativas (actividades complementarias o extraescolares), necesidades educativas especiales, altas capacidades, dificultades específicas de aprendizaje, incorporación tardía en el sistema educativo y dificultades para el aprendizaje por necesidades no cubiertas.
Todas ellas barreras que condicionan, potencial o efectivamente, las posibilidades de éxito educativo del alumnado.
