El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander ha propuesto que la capital cántabra sea declarada 'Ciudad Libre de Racismo' y en la que se proclame "el derecho de toda persona a vivir libremente y sin presiones de acuerdo a su raza, creencia o identidad".
Los socialistas santanderinos han presentado una moción al próximo Pleno en la piden además que el Ayuntamiento asuma el compromiso de apoyar actos "para erradicar esta lacra social".
Asimismo, reclaman que se pongan en marcha campañas educativas, de concienciación y formación de la sociedad en general y del alumnado, familias y profesorado en particular.
La portavoz adjunta, Ana Santurtún, destaca en un comunicado que los ayuntamientos, al ser la administración más próxima a los ciudadanos, "no pueden estar al margen de la lucha contra el racismo y la xenofobia mientras exista una sola persona amenazada o agredida por su raza, sexo o creencia".
Para ello, la edil solicita que se estudie con los institutos y colegios de la ciudad la elaboración de una Plan de Prevención del Racismo en el que participen las concejalías de Juventud, Educación y Salud, así como la de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo.
"Cada acto xenófobo y racista es una violación de los Derechos Humanos y un atentado contra nuestra Constitución, que consagra la igualdad y condena todo tipo de discriminación", detalla Santurtún en la moción.
A juicio de la portavoz adjunta del grupo municipal, el Ayuntamiento de Santander "debe siempre" apoyar a las víctimas "para que se sientan arropadas por "una sociedad diversa, tolerante y justa", fundamentada en los principios democráticos "que inspiran nuestras leyes y en el sistema de libertades que garantiza nuestra Constitución".
Santurtún considera que las protestas que han estallado y se han extendido por todo el mundo tras difundirse el video en el que un policía blanco presiona con su rodilla el cuello del afroamericano George Floyd asfixiándole hasta la muerte "no pueden sernos indiferentes".
Por último, considera que la violencia racista y xenófoba "no debe entenderse como una cuestión de índole privada" ya que "es un problema que nos concierne a todos, como miembros activos de una sociedad".
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