San Vicente.- Denuncian la interrupción de mejoras en Oyambre por venganza a la paralización del superpuerto

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La Plataforma contra el Superpuerto de San Vicente de la Barquera ha denunciado que el Gobierno de Cantabria haya paralizado una serie de "medidas compensatorias" para mejorar el espacio del Parque Natural de Oyambre cuando, según ha señalado, estas actuaciones no están afectadas por la paralización cautelar de las obras del puerto deportivo decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En un comunicado, este colectivo ha mostrado su "estupefacción" por esta decisión "unilateral" del Gobierno y ha lamentado la "actitud vengativa" del Ejecutivo.

Además, lo ve como un intento de "presionar a los jueces" y de buscar "desinformar a la población" al, a su juicio, relacionar las obras paralizadas por el TSJC con estas medidas en el Parque de Oyambre cuando no están incluidas en el auto judicial.

La Plataforma ha insistido en que "no existe impedimento alguno" para acometer unos trabajos que mejoran el Parque Natural sin alterar de ningún modo el entorno y lo convierten en un espacio más atractivo y más protegido.

"Está claro el interés que tienen los políticos en la mejoría de San Vicente y en el entorno con este anuncio; se empeñan en llevar adelante lo que podría ser un proyecto ilegal, atreviéndose incluso a cuestionar a la Justicia, mientras abandonan sin razón ni impedimento alguno una iniciativa menos costosa, inocua para el entorno y que reporta mejorías en todo caso", ha aseverado este colectivo.

Ha detallado que las actuaciones que la Consejería interrumpe ahora consisten en la recuperación del sistema dunar del Rosal, al sur de la playa de Merón, la instalación de un observatorio de aves en la marisma de Rubín y la ejecución de una senda peatonal interpretativa de la restauración del estuario de Oyambre.

"Parece una decisión poco meditada de la Consejería, que más allá de suponer una pataleta por la paralización cautelar de las obras del superpuerto deportivo, en tanto se dirime su legalidad, trata de interferir en el proceso judicial y de poner a una parte de la sociedad en contra de la propia justicia y de quienes dudan de que la construcción del puerto deportivo cumpla se ajuste a la normativa ambiental vigente", ha incidido esta Plataforma.

A su juicio, con esta forma de actuar, el Gobierno "no sólo no están aceptando una decisión judicial sino que están privando a la población de otras medidas positivas, de forma irresponsable y contraria a los intereses de los barquereños".