El Tribunal de Cuentas denuncia, en el informe de fiscalización realizado sobre los procedimientos de control de los deudores por prestaciones el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que no existe igualdad entre comunidades autónomas en cuanto a la gestión y atención a los pensionistas.
En concreto, habla de "una serie de incidencias y debilidades en el procedimiento" cuyo origen, según detalla, es que el IMSERSO carece de potestad para que los criterios, instrucciones y procedimientos que emite para coordinar y homogeneizar la actuación de los órganos gestores tengan carácter vinculante.
"Estas incidencias y debilidades se concretan en una falta de uniformidad en el procedimiento, de manera que dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida el pensionista, se efectúan o no las revisiones anuales previstas legalmente; difieren los efectos económicos tanto de dichas revisiones, como de las efectuadas a instancia de parte; o la deuda puede ser objeto de descuento en nóminas sucesivas en unas autonomías mientras en otras no sucede lo mismo", explica el texto.
El órgano fiscalizador, también ve disparidad en las opciones que se le ofrecen al deudor, que puede ser en una regiones con carácter previo a su envío a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), mientras que en otras no se actúa de tal manera.
Por ello, el tribunal recomienda al Gobierno promover, junto a los Ejecutivos autonómicos, el cumplimiento de los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre administraciones que contempla el Régimen Jurídico del Sector Público, y garantice así la "homogeneidad de actuaciones en cualquier parte del territorio" y asegure "una gestión eficiente y eficaz de la deuda por prestaciones indebidamente percibidas".
REVISIONES QUE NO ALCANZAN LOS OBJETIVOS
Pero, además, este informe, que revisa el ejercicio relativo al año 2016, advierte de que la revisión anual, que considera el "mecanismo más importante" para la detección de los cobros indebidos de las PNC no se está realizando mediante cruces informáticos por lo que, a su juicio, "se puede concluir" que "no alcanza los objetivos de eficacia y eficiencia que serían deseables" en este sentido.
Según los datos facilitados por las autonomías al IMSERSO, el porcentaje de estas revisiones de PNC efectuadas en el ejercicio 2016 fue del 61,8%, lo que deja "una parte importante del colectivo" sin controlar.
Como consecuencia de esta situación, el órgano que preside María José de la Fuente destaca la posibilidad de que haya prescrito parte de la deuda, ya que una vez detectada, la norma solo permite reclamar al deudor hasta un máximo de cuatro años; además, recuerda que existe la posibilidad de que, tras la realización de la revisión anual, sereclame una deuda por un importe que, dados los requisitos económicos establecidos para tener derecho a estas prestaciones no contributivas, no pueda ser afrontada por el deudor.
Al respecto, el tribunal recomienda que el IMSERSO optimice la explotación informática de las bases de datos que obran en su poder, comunique sus resultados en soporte informático, y efectúe un seguimiento de las incidencias comunicadas, al objeto de confirmar que se realizan las actuaciones necesarias para su corrección. En este sentido, le sugiere que establezca un sistema informático centralizado y único para la tramitación de los expedientes, que permitiera compartir información con cada órgano gestor.
AGILIZAR EL SISTEMA
También tiene advertencias para la Intervención General de la Seguridad Social, como centro directivo de la contabilidad de lasentidades del sistema de la Seguridad Social. En su caso, el órgano fiscalizador cree que debería adecuar la operatoria contable de losdeudores por prestaciones a los principios contables de devengo y no compensación, recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
Además, apunta que la Tesorería General de la Seguridad Social, con el fin de agilizar el inicio del procedimiento recaudatorio de la deuda, debería estudiar la posibilidad de habilitar una transacción que permitiera a las comunidades autónomas anotar en el Fichero General de Recaudación un registro con los datos de identificación de deudor e importes a reintegrar, sustituyendo así su comunicación en formato papel, entre otras medidas.
