La jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, en la que el pasado marzo fallecieron seis estudiantes, ha ampliado la acción penal contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria por la posible comisión de seis delitos de homicidio.
Se trata del jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, que se suma así a los otros dos investigados del departamento: el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la estructura siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.
La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una "negligencia grave" que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave -por los seis jóvenes que perdieron la vida naturales de Camargo, Vizcaya, Guadalajara y Almería- y un delito de lesiones por imprudencia grave -por las heridas sufridas por la única chica que se salvó, de Álava- frente a los tres funcionarios de Costas.
La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que investiga lo ocurrido ha acordado que el médico forense examine a la superviviente para que informe sobre las lesiones que sufrió.
Y ha rechazado la petición del Ayuntamiento para que el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela declare el próximo viernes, 24 de abril, como investigado en vez de hacerlo como testigo-perito, como está citado.
Tres semanas después, el 15 de mayo practicará toda la prueba pericial y se tomará también declaración a los tres técnicos investigados.
