Izquierda Unida (IU) de Santander ha registrado una moción al Pleno para exigir responsabilidades por los "incumplimientos acumulados" en la concesión del Mercado de Puertochico --adjudicada a Bakia Puertochico S.L. hasta 2057 por un canon de 6.800 euros anuales-- y que insta al órgano de contratación a incoar un expediente para valorar la resolución de la concesión.
También, reclama un informe sobre la adecuación del modelo actual de explotación a la Ordenanza Municipal de Mercados y a las condiciones de la concesión; y la convocatoria de la comisión informativa competente en el plazo máximo de un mes.
El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha denunciado en una nota de prensa que el mercado funciona "de forma incompleta" casi una década después del inicio del proyecto, cuyo contrato, formalizado en 2017, establecía un plazo máximo de 12 meses para ejecutar la reforma del edificio y poner en funcionamiento el recinto.
Además, ha señalado que su finalización no es "un retraso puntual", sino "años de incumplimientos conocidos por el Ayuntamiento (PP), sin que conste que se hayan utilizado las herramientas que el contrato y la ley ponían a su disposición". "La empresa presentó sucesivos cronogramas y previsiones de apertura que tampoco llegaron a cumplirse, ya que la segunda fase continúa sin abrir y el mercado opera parcialmente", ha apuntado.
Así, considera "especialmente grave" que los servicios municipales advirtieron formalmente de la situación en 2020, cuando el funcionario responsable de controlar el contrato dejó constancia del incumplimiento de los plazos y solicitó un informe jurídico sobre las medidas que podían adoptarse, ha asegurado IU.
Según la formación, el documento, fechado el 18 de junio de 2020, concluía que el retraso afectaba a una obligación "esencial" de la concesión y contemplaba dos vías: imponer penalidades o proceder motivadamente a la resolución del contrato.
Por ello, Martínez ha insistido en que el Ayuntamiento dispone desde hace seis años de cobertura jurídica para actuar "y optó por mantener la concesión mientras seguían acumulándose los retrasos". "Lo que tiene que explicar el PP es por qué no consta que impusiera penalidades, ni iniciara estudios para resolver la concesión", ha añadido.
Igualmente, ha denunciado que en lugar de tomar "medidas efectivas", el equipo de Gobierno continuó reclamando nuevos cronogramas, aceptando ampliaciones y anunciando fechas de apertura que volvieron a incumplirse hasta la inauguración de la fase I, en octubre de 2024, más de siete años después de la firma.
IU ha indicado que la Junta de Gobierno autorizó el arrendamiento de 530 metros cuadrados a un único operador, frente al límite ordinario de 84 metros cuadrados por usuario previsto en la Ordenanza de Mercados, concentrando en McDonald's una parte inicialmente prevista para nueve gastrobares y una vinoteca.
Por ello, ha reclamado conocer qué informes y acuerdos justificaron esa modificación y si debió tramitarse como una modificación contractual.
"No se trata solo de una decisión comercial con la que no estamos de acuerdo por cómo cambia el modelo del mercado tradicional, sino que hay que saber si el Ayuntamiento ha permitido modificar de forma sustancial una concesión pública respetando o no las condiciones del contrato y la Ordenanza Municipal", ha advertido Martínez.
RECURSO VECINAL
Por otra parte, considera que la admisión a trámite del recurso interpuesto por la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche contra la concesión a McDonald's, por parte de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander, motiva volver a tratar el tema en el Pleno.
Tras expresar sus dudas en el Consejo Municipal de Comercio, el año pasado IU presentó alegaciones formales, y respaldó las movilizaciones vecinales y la recogida de firmas que ha reunido miles de apoyos.
IU ha comparado esta situación con otra del Ayuntamiento de San Sebastián, que resolvió en 2024 la concesión del Mercado de La Bretxa, gestionada por una sociedad del mismo grupo empresarial, tras apreciar incumplimientos graves.
"Si allí el Ayuntamiento actuó para proteger el interés público, aquí el PP debe explicar por qué no lo hizo cuando sus propios servicios le dijeron que podía penalizar o resolver el contrato", ha concluido Martínez.
