Los compañeros de los tres responsables de mantenimiento del Puerto de Santander acusados de apropiarse de dinero procedente de la venta de chatarra que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial han asegurado que durante el desmantelamiento de la nave de Solvay, periodo en el que se generó la mayor cantidad de material de deshecho, ésta se pagaba en vales de pesada y no en efectivo.
Así, han coincidido con la versión que dieron en la sesión de ayer los acusados, que dijeron que durante el vaciado de la nave solo recuperaban los vales y se los entregaban a sus superiores para que el Puerto emitiera las facturas correspondientes, por lo que no habrían estado en contacto con el dinero.
No obstante, han dicho que, además del material de la nave de Solvay, se llevaban a la chatarrería los recortes que se generaban en el taller, que en este caso sí se pagaban en metálico. Sí han aclarado que esa cantidad no se ingresaba porque era "pequeña", se obtenía de forma "esporádica" y se gastaba en comidas de empleados y jubilaciones.
Por el contrario, el dueño de una de las chatarrerías a las que llevaban el material ha indicado que los camiones acudían a su negocio unas dos veces a la semana y tras pesar y descargar la chatarra "siempre" les pagaba en metálico.
Sin embargo, ha dicho que no recuerda si en algún momento uno de los empleados fue a cambiarle el dinero por vales de pesada porque el Puerto no aceptaba el pago en efectivo, tal y como han relatado los acusados y dos de sus superiores.
Además, ha manifestado que no recuerda a los acusados ni tampoco si el Puerto le reclamó los 6.000 euros correspondientes a los vales de la chatarra que se llevó durante el vaciado de la nave, aunque ha asegurado que "todas las facturas están pagadas", mientras que ninguno de los testigos ha sabido si se cobró esa cantidad o no.
Por otro lado, el entonces responsable de Policía Portuaria ha explicado que procedió a hacer una inspección de la nave al ver "salidas de mercancías incontroladas" con materiales como cobre, hierro o acero y de las que "no tenían comunicación".
Según ha explicado, visitaron la chatarrería para comprobar que todo estaba en orden, vieron los libros de registro y hablaron con el responsable, que le indicó que pagaba en metálico y no le habló de vales hasta una segunda visita.
Asimismo, ha dicho que la Policía fue interceptada durante la investigación por la Guardia Civil, que le trasladó que ya había diligencias abiertas y que estaban "detrás de algunos empleados".
De este modo, la mayoría de los testigos --empleados como superiores de los acusados y de otras secciones del Puerto como facturación y estadística, medio ambiente o conductores de los camiones-- han corroborado la versión de los acusados, aunque a diferencia de lo que dijeron ellos han reconocido que sí eran los responsables de administrar la chatarra.
En concreto, uno de los conductores ha explicado que recibía órdenes de los acusados y les entregaba a ellos el dinero y los vales que obtenía por la chatarra, al igual que dos de sus superiores, que han reconocido haberles recogido dichos vales por valor de más de 6.000 euros y haber asistido a comidas pagadas con el dinero obtenido de los recortes del taller, para ellos una "costumbre antiquísima".
Por su parte, la responsable de facturación ha indicado que en el periodo de los hechos, de 2009 a 2011, "no saltó a la vista" ningún aumento ni disminución de las cantidades de los albaranes, pero ha señalado que "no es detectable" en el caso de la chatarra porque se lleva de forma "esporádica y sin orden".
En la misma línea, la técnico de medio ambiente ha dicho que la chatarra "no es un residuo que se genere habitualmente" en el Puerto y que tampoco ha tenido constancia de que hayan desaparecido 100 toneladas, tal y como figura en la instrucción.
En este sentido, uno de los superiores de los acusados que al año se genera "muy poco". "No creo que haya chatarra en esos volúmenes", ha sentenciado.
Según la acusación --ejercida por la Fiscalía y la Autoridad Portuaria--, los empleados del Puerto subordinados a los acusados se encargaban de llevar a tres chatarrerías los materiales, y después les entregaban el dinero que les pagaban por ellos. De este modo, durante los casi tres años que duró esta práctica, de 2009 a 2011, habrían obtenido 25.738 euros, de los que solo se ingresaron en caja 3.800 euros.
Por ello, consideran los hechos un delito de malversación de caudales públicos y solicitan una condena de cuatro años de prisión para cada uno de los acusados e inhabilitación para empleo público de diez años.
El juicio, que comenzó este lunes en la Audiencia Provincial de Cantabria, continuará mañana, miércoles, con el resto de la prueba testifical y las conclusiones e informes finales, y terminará el jueves la deliberación y veredicto del jurado.
