El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha celebrado la aprobación este martes del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 por parte del Consejo de Ministros y espera que el Gobierno de Cantabria (PP) "se sume con optimismo" al mismo, ya que "es una necesidad urgente".
Ha opinado que se trata de una noticia "muy importante" para la comunidad, ya que verá multiplicado por tres los fondos públicos que va a recibir para políticas en esta materia. "Vamos a pasar de 35 millones de euros a 133, lo que suponen 98 millones más", ha indicado.
Así lo ha destacado este martes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha afirmado que el Gobierno de España está "muy comprometido con esta política pública", que es uno de los temas que "más ocupan y preocupan a la ciudadanía".
Asimismo, ha puesto en valor que el Plan --dotado de hasta 7.000 millones de euros-- contempla "la mayor inversión en vivienda en la historia" del país.
En este sentido, ha detallado que irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV.
El delegado del Gobierno ha detallado que el documento tiene fines "muy claros", como son que se puedan destinar más recursos públicos "al principal problema que hoy tienen muchas familias, mucha gente joven". En concreto, cuenta con tres ejes "esenciales": construcción de nueva vivienda, rehabilitación de vivienda ya construida y atender a colectivos vulnerables.
"Es una extraordinaria noticia que valoramos muy positivamente", ha reiterado Casares, quien ha incidido en que en mayo tendrá lugar la conferencia sectorial para acordar definitivamente el Plan con las comunidades autónomas.
Ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras reunirse con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan), Román San Emeterio, en la sede de la Delegación.
NUEVO PLAN
El Plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Además, introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.
Este punto fue uno de los más criticados por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que aseguraron que la exigencia de financiación rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las comunidades, llegando a calificar el nuevo plan de vivienda de "ideológico".
El texto, que recoge aportaciones de las autonomías, llega al Consejo de Ministros con casi cuatro meses de retraso respecto a los planes iniciales de la cartera de Isabel Rodríguez, que tenía previsto aprobarlo al cierre del año pasado, pero que se pospuso para trabajar en el acuerdo con las comunidades autónomas.
El Plan ve la luz este martes como un Real Decreto, por lo que no deberá contar con el aval del Congreso de los Diputados, y entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
