El PRC considera que el decreto elaborado por el Gobierno de Cantabria que regulará la Formación Profesional en la comunidad autónoma es "manifiestamente mejorable" ya que, a través de él, "exige mucho pero garantiza poco al imponer nuevas obligaciones sin concretar los recursos necesarios para implantar la reforma".
Por esta razón, los regionalistas han presentado diez alegaciones al proyecto durante el segundo trámite de información pública concluido el martes 4 para exigir "más recursos, protección del alumnado y apoyo a los centros educativos".
"No se puede implantar un nuevo modelo sin garantizar antes los recursos y los apoyos necesarios para preservar la igualdad territorial", ha defendido, en un comunicado, la diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández.
Ha explicado que el PRC "comparte" la necesidad de adaptar la normativa autonómica al nuevo sistema estatal de FP pero "hay que hacerlo bien".
A su juicio, la propuesta impulsada por la Consejería de Educación "traslada buena parte del funcionamiento del modelo a los centros educativos, el profesorado y las empresas colaboradoras, mientras deja sin concretar las obligaciones de la Administración en materia de financiación, planificación, apoyo y recursos".
Fernández ha advertido que la FP Dual "no puede sostenerse sobre el voluntarismo de los centros ni exigir esfuerzos adicionales al profesorado", como, a su juicio, "pretende el decreto al ampliar las responsabilidades de los equipos directivos, docentes y tutores "sin concretar reducciones horarias, incrementos de plantillas, apoyo administrativo y financiación suficiente".
Como consecuencia, ha advertido del riesgo de "aumentar las diferencias entre las distintas comarcas de Cantabria", dado que la disponibilidad de las empresas colaboradoras, la movilidad del alumnado y la realidad económica "no es igual en todas las zonas de la comunidad autónoma".
"Cantabria no puede aplicar el mismo modelo en Santander que en Campoo, Liébana o los valles rurales sin medidas compensatorias", ha recalcado.
Además, ha defendido que ningún estudiante debe ver limitada su formación por motivos económicos y ha reclamado que la Administración garantice tanto las plazas de formación en empresa como las ayudas precisas para sufragar los gastos de transporte, manutención o alojamiento cuando sean necesarios para completar la formación dual.
Las alegaciones registradas por el PRC inciden, según ha indicado, en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica del decreto, objetivar la planificación territorial de la oferta educativa, garantizar plazas de formación en empresa para todo el alumnado, mejorar las garantías en la evaluación, regular con mayor precisión la anulación de matrícula y reforzar las tutorías duales.
Entre otras medidas, también demandan recursos suficientes para la orientación profesional, indicadores públicos de calidad, clarificar la responsabilidad de los centros públicos en relación con los privados y fortalecer la gobernanza del sistema mediante una mayor participación del Consejo de Formación Profesional y una evaluación periódica del propio decreto.
Fernández ha insistido en que el PRC no cuestiona la necesidad de modernizar la Formación Profesional, sino la forma en que el Gobierno pretende implantar la reforma.
"La adaptación normativa es imprescindible pero el Gobierno de Cantabria debe entender que no es lo mismo aprobar un decreto que garantizar su funcionamiento", ha precisado.
IRONÍA TRAS LA VALORACIÓN DE SILVA SOBRE SUS APORTACIONES
Finalmente, de forma irónica, ha agradecido el "especial interés" mostrado por el consejero del ramo, Sergio Silva, por las propuestas regionalistas y por el momento elegido para su presentación, "una vez conocido el texto definitivo sometido a exposición pública y constatado que es manifiestamente mejorable".
Y es que el departamento que dirige Silva ha informado este miércoles en un comunicado que PRC y STEC habían sido las dos únicas formaciones en presentar alegaciones al decreto --diez y dos, respectivamente-- en el segundo trámite de información pública, algo por lo que expresaba "su sorpresa" ya que ninguna de las dos realizaron "ningún tipo de aportación durante la fase previa de elaboración de la norma".
En este sentido, Silva ha valorado que el PRC "rectifique y se haya sumado, "aunque sea en este segundo trámite de audiencia e información, a la política del Gobierno regional de regulación de la ordenación de la FP, algo que ni siquiera se había planteado hacer quien nos precedió en la Consejería", que fue la regionalista Marina Lombó (2019-2023).
Además, en relación a las aportaciones del PRC, Educación apuntaba que algunas de ellas reflejan un "conocimiento parcial" del alcance de la actual norma elaborada por la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente.
