El segundo trámite de audiencia e información pública abierto por el Gobierno de Cantabria (PP) en relación al decreto que regulará la Formación Profesional (FP) en Cantabria acaba de concluir, durante el cual solo se han recibido diez alegaciones del PRC y dos del sindicato STEC.
Así lo ha informado este miércoles en un comunicado la Consejería de Educación, que ha expresado su "sorpresa" por que ambas formaciones hayan presentado ahora alegaciones cuando ninguna de las dos realizaron "ningún tipo de aportación durante la fase previa de elaboración de la norma".
Educación ha indicado que estas alegaciones serán analizadas al igual que se hizo con el resto de las aportaciones recibidas a lo largo del proceso de tramitación.
SILVA VALORA QUE EL PRC "RECTIFIQUE"
Sí ha apuntado ya que algunas de las presentadas por el PRC reflejan un "conocimiento parcial" del alcance de la actual norma elaborada por la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, la cual constituye una regulación integral de la Formación Profesional en Cantabria y cuenta con 162 artículos, frente a los 42 que contenía el anterior decreto, "intacto desde el año 2010 y que nunca llegó a desarrollarse durante los años de gobierno regionalista".
El consejero del ramo, Sergio Silva (PP), ha valorado que el PRC "rectifique y se haya sumado, aunque sea en este segundo trámite de audiencia e información, a la política del Gobierno regional de regulación de la ordenación de la FP, algo que ni siquiera se había planteado hacer quien nos precedió en la Consejería".
Ha señalado que, después de 16 años, "era más que necesario adaptar la normativa autonómica a la nueva regulación de la Formación Profesional".
En este sentido, ha explicado que, desde 2010, se han publicado dos reales decretos de ordenación de la FP a nivel estatal y dos leyes orgánicas, "sin que por ello hubiera habido ninguna adaptación autonómica".
Con respecto a las dos peticiones realizadas por el sindicato STEC, Silva ha apuntado que "ninguna de ellas se corresponde con lo que un decreto autonómico debe incluir en su texto normativo, siendo ya los Reales Decretos de Título y las Órdenes autonómicas las que establecen el desarrollo curricular de las enseñanzas de Formación Profesional".
Finalmente, Silva ha indicado que el objetivo principal del decreto, en el que el Gobierno lleva trabajando desde hace dos años, "es proporcionar estabilidad al sistema de Formación Profesional, ofrecer seguridad jurídica a centros, docentes y alumnado y adaptar la regulación autonómica al nuevo marco estatal, garantizando, al mismo tiempo, la máxima participación de todos los sectores implicados".
El decreto establece la ordenación general de la Formación Profesional de los grados D (FP Básica, Grado Medio y Grado Superior) y E (Cursos de Especialización) en Cantabria.
La Consejería de Educación abrió nuevamente este procedimiento el pasado 13 de julio, después de que el texto inicial tuviera que incorporar diversas modificaciones derivadas de la evolución del marco normativo estatal que regula estas enseñanzas.
Educación ha subrayado que la decisión de volver a someter el proyecto de decreto a información pública responde a los criterios de "seguridad jurídica, rigor, transparencia y participación" con los que viene trabajando la Consejería desde que se inició este proceso normativo y asegurar así que la futura regulación autonómica nazca "fruto de la participación" y esté "plenamente alineada" con la normativa básica estatal.
"Se trata de una decisión que busca garantizar los derechos de los cántabros ante la cambiante política del Ministerio", ha dicho Silva.
