El número de citas para solicitar la regularización la situación de personas migrantes en Cantabria está siendo "relativamente bajo" y el proceso está transcurriendo con "relativa normalidad" hasta el momento.
Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, este martes a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que, desde que se abrió el plazo de solicitud --20 de abril de forma presencial-- la región ha tenido "menos afluencia de la que cabría esperar".
Según ha indicado, la Comunidad Autónoma tiene habilitadas tres oficinas de Correos, dos en Santander y una en Torrelavega, además de la sede de la Seguridad Social, en las que en estos primeros días se están atendiendo dudas y preguntas, "lo normal en un proceso de estas características".
El delegado ha aprovechado para recordar que las personas que quieran participar de este proceso de regularización deben pedir cita previa para acudir a una de estas dependencias, lo que también se puede solicitar a través de la página web y el teléfono habilitado para ello.
"Con mucha normalidad, a pesar de algunas cosas que he visto por ahí que no se corresponden con la realidad, sinceramente, porque lo están viendo ustedes", ha dicho en relación a los "bulos" que han manifestado algunos ayuntamientos gobernados por el PP, como Santander, que advirtió de "riesgo de colapso".
Casares ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan), Román San Emeterio, en la Delegación.
El proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular que residen en España, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, se inició el 16 de abril y ayer, lunes, comenzó la recogida presencial de solicitudes.
El plazo para ambas vías, telemática o presencial, permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año.
Pueden acceder a dicha regularización las personas extranjeras que han solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026; o aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular, llegaron a España antes del 1 de enero de este año y pueden acreditar una permanencia ininterrumpida de, al menos, cinco meses.
Tienen que carecer de antecedentes penales no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud.
