La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y el alto comisionado del Gobierno de España para la lucha contra la pobreza infantil, Pau Mari-Klose, han compartido hoy que la inversión en infancia es la mejor estrategia de futuro para minimizar la transferencia intergeneracional de la pobreza y, en este sentido, han defendido la necesidad de apoyar a las familias con dificultades.
Ambos han mantenido hoy un encuentro, aprovechando la presencia de Mari-Klose en el Congreso de Infancia y Familias, y posteriormente se han reunido con 22 organizaciones sociales que trabajan en este ámbito en Cantabria.
Díaz Tezanos y Mari-Klose han coincidido en que la pobreza infantil se debe abordar desde los derechos de la infancia y debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda política.
El alto comisionado ha asegurado que la pobreza infantil ha sido un tema "muy ignorado en la política española a pesar de tener una magnitud y unas implicaciones muy fuertes".
Por su parte, la vicepresidenta ha recordado los avances en este ámbito que se han dado a lo largo de la legislatura en Cantabria, ya que ha sido una prioridad del Ejecutivo desde el primer momento.
"Rechazamos el concepto de gasto social como una carga económica y un obstáculo al crecimiento y defendemos la inversión social como palanca para mejorar el desarrollo social y económico, capacitando y empoderando a las personas y a los niños y niñas y adolescentes", ha asegurado Díaz Tezanos, quien ha defendido que en las políticas familiares y educativas "es mejor prevenir que reparar", algo en lo que coincide el Gobierno central.
En España la tasa de riesgo de pobreza de niños es del 28% "y esto reclama acción urgente porque tiene implicaciones sobre otros ámbitos". "No es ajeno a lo que pasa en el terreno educativo, por ejemplo, con el fracaso escolar en poblaciones más vulnerables o con el sobrepeso y la obesidad infantil que tiene que ver con familias con mayor vulnerabilidad económica", ha explicado el alto comisionado.
El alto comisionado tiene la función de promover, instigar y acompañar a los ministerios en su labor de desarrollo de políticas que puedan luchar contra la pobreza infantil, y alinear las acciones que se llevan desde el Gobierno central con las que llevan desde otros niveles como el autonómico o las entidades locales, ha explicado Mari-Klose.
En este sentido, la vicepresidenta ha recordado la figura del alto comisionado, nombrado en 2018, con el que contó, al comienzo de la legislatura, el Gobierno regional como colaborador para el grupo de pobreza infantil, en su condición de profesor de sociología de la Universidad de Zaragoza.
"Para nosotros el nombramiento de Mari-Klose fue un motivo de satisfacción porque significó que el Gobierno central asumió la trascendencia del problema de la pobreza infantil y la urgente necesidad de trabajar en su erradicación, y porque desde Cantabria seguimos su trayectoria, compartimos sus publicaciones y contamos con su colaboración", ha asegurado la vicepresidenta.
LA PRIORIDAD DE LA POBREZA INFANTIL EN CANTABRIA
La lucha contra la pobreza infantil en Cantabria ha sido una prioridad en esta legislatura y desde el principio se han dado importantes pasos. Así se han eliminado los obstáculos para que las personas pudieran percibir la renta social básica, y se ha establecido que existiendo hijos e hijas menores no se pueda suspender el cobro de esta prestación por incumplimientos administrativos.
Además, se ha elevado la partida presupuestaria de la renta social básica desde los 18 millones en 2015 a los 31 millones en 2018.
Se han aprobado los planes de emergencia social, que han involucrado a todo el Gobierno, y cuentan con un bloque de medidas frente a la pobreza infantil, con una dotación en 2018 de 93,6 millones de euros.
También, dentro del plan de emergencia social, se ha creado una Red centinela cuyo objetivo es la vigilancia, el estudio, la investigación y el control técnico de la prevención, detección y respuesta en Cantabria ante la pobreza infantil.
Además, la Red de apoyo a personas y familias en situación de emergencia social ha permitido que con ongs y con ayuntamientos cántabros se haya elaborado un protocolo contra la emergencia habitacional y un protocolo de emergencia alimentaria, y se ha creado el Grupo de reflexión sobre la pobreza infantil, que ha estudiado la generación de datos fiables sobre este problema en Cantabria, y permitirá la próxima elaboración de un Barómetro de pobreza infantil.
Durante esta legislatura también se ha impulsado el desarrollo de nuevas prestaciones y servicios contemplados en la Ley de infancia y adolescencia de Cantabria y que suponen un claro refuerzo del Sistema de protección a la infancia del Gobierno de Cantabria, como el servicio de apoyo a la emancipación o el servicio de intervención terapéutica para niños y niñas del Sistema de protección con daño emocional grave.
Dentro de las acciones que actúan en la lucha contra la pobreza infantil, figura la puesta en marcha del Programa de atención integral de las familias, con el enfoque de prevenir antes que reparar, apoyando a las familias en la crianza de sus hijos. Un programa de parentalidad positiva y desarrollo positivo de la infancia y adolescencia que en 2019 iniciará su implantación en toda Cantabria.
En el conjunto de acciones, y de cara a 2019, también va a ser clave el Decreto de equiparación de las familias monomarentales y monoparentales a las familias numerosas que ha iniciado esta semana su tramitación y la Estrategia de apoyo a las familias de Cantabria cuyas líneas estratégicas se han presentado hoy en el Congreso de infancia y familias.
