Los vecinos de un bloque de Santiago de Cartes han llevado su situación al Defensor del Pueblo tras más de un año denunciando un problema que, aseguran a ifomo Noticias, ha terminado por desbordar cualquier marco de convivencia. Lo que comenzó como un conflicto vecinal ha derivado, según relatan, en un escenario marcado por la inseguridad, la insalubridad y el miedo, especialmente entre los menores que viven allí.
El origen del conflicto se sitúa en una buhardilla del edificio utilizada como vivienda pese a no reunir, tal y como consta en las denuncias presentadas a las que ha tenido acceso este medio, las condiciones mínimas de habitabilidad. A partir de ahí, la situación ha ido escalando con el paso de los meses sin que, según los afectados, las distintas actuaciones hayan logrado reconducirla.
Los vecinos describen un día a día marcado por los altercados. Peleas, gritos a cualquier hora (“especialmente de madrugada”, recalcan) y episodios de tensión en zonas comunes forman parte de una rutina que, aseguran, se repite prácticamente a diario: “Hay momentos en los que no sabes qué te vas a encontrar al abrir la puerta”, explican desde la comunidad.
Pero el problema, insisten, va más allá del ruido. Varios residentes apuntan a un trasiego constante de personas en el inmueble, con entradas y salidas a distintas horas del día y de la noche. Una dinámica que ha llevado a algunos vecinos a sospechar, en sus palabras, de “un posible foco de trapicheo de drogas “en el edificio , una preocupación que, según aseguran, han trasladado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Cartes, que dicen, “hace caso omiso” o a las autoridades policiales.
A ese clima de tensión se suman los daños materiales: puertas deterioradas tras enfrentamientos, objetos lanzados por las escaleras y vehículos que han aparecido rayados en las inmediaciones forman parte del contexto en el que viven los residentes del bloque. “No es un episodio puntual, es algo que se repite”, sostienen.
Uno de los aspectos más delicados es el relacionado con la salubridad. En la documentación registrada ante el Ayuntamiento ya se advertía de la falta de condiciones higiénicas en el espacio ocupado. Según relatan los vecinos, al carecer de aseo, se estarían utilizando cubos para realizar necesidades fisiológicas, con situaciones que han acabado afectando a zonas comunes e incluso al exterior del edificio. “Hay días que el portal es inaguantable”, resumen.
Miedo, denuncias y una respuesta que no llega
El impacto es especialmente visible en los menores. En el bloque viven varios niños y, según explican sus familias, la situación les está afectando directamente. Algunos han dejado de salir solos al rellano, otros muestran miedo ante los episodios de gritos o peleas. “No es normal que un niño tenga miedo en su propia casa”, repiten los vecinos, que cuentan ya con varios informes de pediatría ante el estado en el que se encuentran.
Durante este tiempo, los residentes han recurrido a todas las vías a su alcance. Han trasladado la situación al Ayuntamiento, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los servicios sociales. Sin embargo, denuncian que la respuesta ha sido irregular y, en muchos casos, insuficiente. “Cuando vienen, si vienen, se calma un rato, pero luego vuelve a empezar”, explican.
En el ámbito municipal, la frustración es evidente. Tras la denuncia por el uso irregular de la buhardilla, el Ayuntamiento abrió un expediente administrativo que ha seguido su curso, aunque los vecinos consideran que se ha quedado en trámites sin consecuencias reales sobre el terreno. “Nos dicen que están atados de pies y manos, pero nosotros seguimos viviendo así”, lamentan.
Esa sensación de inacción se ha ido consolidando con el paso de los meses. Algunos residentes incluso comparan su caso con otras actuaciones recientes en el municipio donde, a su juicio, la respuesta institucional ha sido más rápida: “Aquí llevamos más de un año y no ha cambiado nada”, señalan tras varios desencuentros con el consistorio local, al que acusan de “no escuchar y no ayudar”.
En paralelo, siete vecinos optaron por acudir a la vía penal a finales de 2025, denunciando posibles delitos relacionados con amenazas, coacciones, daños y alteración de la convivencia. El procedimiento sigue su curso en el juzgado, aunque su evolución tampoco ha tenido un impacto inmediato en la situación diaria del edificio.
Las llamadas a la Guardia Civil han sido constantes. Según relatan, la respuesta es desigual: en ocasiones los agentes se personan, en otras no, y cuando lo hacen, la calma dura poco. También denuncian situaciones que consideran incoherentes, con intervenciones rápidas en algunos casos.
Con este escenario, el punto de inflexión llega en febrero de 2026. Dos vecinos formalizan una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando la falta de actuación administrativa y solicitando medidas que garanticen la seguridad de los residentes.
No es un paso menor. Supone, en la práctica, reconocer que las vías anteriores no han funcionado. Y es que al juicio de todos ellos, no lo ha hecho.
Mientras tanto, la situación en el edificio continúa sin cambios. Los conflictos se repiten, la tensión persiste y la convivencia sigue deteriorándose: “Esto ya no va de molestias”, resumen los vecinos. “Va de poder vivir tranquilos en tu propia casa”.
