Los vertidos de Sniace al Saja-Besaya tuvieron un "efecto negativo" sobre la vida acuática y el cauce del río, según la perito del Instituto Nacional de Toxicología que analizó las muestras de agua recogidas y que ha comparecido este jueves en la repetición del juicio por los residuos industriales de esta empresa de Torrelavega que acabaron en la cuenca fluvial entre 2008 y 2010 sin autorización.
La experta se ha ratificado, en la segunda sesión de la nueva vista oral, tras anularse parcialmente la anterior y la sentencia dictada entonces, en los informes que realizó a partir de las tomas de agua del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
Se recogieron, en dos periodos distintos, en la balsa de almacenamiento de los residuos, el canal en el que desembocaban y dos zonas del río en el que acabaron, aguas arriba y aguas abajo del punto del vertido.
Entre las conclusiones a las que ha llegado esta perito en sus informes figuran modificaciones en los parámetros del agua del Saja-Besaya y en la toxicidad del vertido, que experimentó un "aumento significativo" de materia orgánica o sólidos en suspensión, y que dichas cantidades eran "muchísimo más superiores" aguas abajo que aguas arriba.
En este punto, y a preguntas de la jueza -la titular de la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander-, la experta ha indicado que no se ha podido concluir que dichos parámetros procedan "exclusivamente" de un vertido. "No se puede decir de dónde vienen, menos en el cauce del río".
Sobre el estudio de la toxicidad, ha reafirmado que el aporte de sólidos en suspensión depositados en el cauce "evidentemente afectan a la vida de los peces", pues pueden quedar sobre sus branquias o impedir que penetre la luz solar, lo que tiene un "efecto negativo" sobre la vida acuática, mientras que el ecosistema general "también puede verse afectado".
En este sentido, ha explicado que en un vertido con carga de materia orgánica -como sucede por ejemplo con las industrias papeleras, caso de esta del Besaya, que producía celulosa- se provoca una "degradación" de esa materia cuando se incorpora a las aguas donde se vierte, lo que conlleva un consumo de oxígeno que "se quita a la vida del medio".
Y tras precisar que la diferencia de concentración de carbono es "muy elevada" antes y después de los vertidos que se juzgan, ha diferenciado entre un único vertido en un lugar concreto de una situación que "se mantiene en el tiempo", como consideran las acusaciones que han sentado en el banquillo a los exconsejeros de Sniace y al que fuera jefe de operaciones (la Abogacía del Estado y Ecologistas en Acción, además de la Fiscalía).
Esto último no constituye un "accidente puntual", sino "un daño continuado" con el que la calidad del río "puede ir a peor", ha señalado la representante del Instituto Nacional de Toxicología que, en todo caso, ha sentenciado que "cuando no hay autorización de vertido, no debe haber vertido".
Con su intervención ha comenzado la prueba pericial, señalada para este jueves y viernes, y el juicio continuará la semana que viene con el interrogatorio a los acusados, el lunes 20 de abril, y las conclusiones e informes de las partes, el miércoles 22.
La Fiscalía ha rebajado su petición de prisión de 16 meses a seis para cada uno de los ocho acusados al eliminarse la continuidad en este delito contra los recursos naturales y el medio ambiente -el fallo anulado les impuso tres meses y medio de cárcel al concurrir la atenunate de dilaciones indebidas muy cualificada-.
Según la acusación pública, Sniace carecía de autorización para verter las aguas derivadas de su proceso industrial al río, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte (luego del Cantábrico) le revocó en 2006 la que tenía desde 2002 por el carácter "abusivo" de los vertidos que venía realizando.
Por otro lado, la empresa obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria para verter las aguas procedentes del proceso fabril a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y solo las de refrigeración y pluviales o de escorrentía al Saja-Besaya.
Pero tal y como mantiene la fiscal, el colector de industriales no estuvo en funcionamiento y la empresa, "a sabiendas" de que carecía autorización administrativa para realizar verter aguas del proceso industrial en el Saja-Besaya, lo hizo "de manera continua y reiterada", alterándose así la calidad de las mismas.
En consecuencia, cree esta parte, "se vio gravemente afectada la calidad de las aguas" del río, según se desprende de las analíticas realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y ratificadas por la perito que ha comparecido este jueves.
