El Grupo Popular pedirá este lunes al Parlamento que reclame al Gobierno de Cantabria instar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a resolver de manera inmediata los expedientes derenovación de las concesiones administrativas en dominio públicomarítimo-terrestre anteriores a la Ley de Costas de 1988 pendientesde resolución según los criterios expresados por el TribunalSupremo.
Así lo ha informado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Íñigo Fernández, quien también ha anunciado que el PP pedirá la destitución del jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, por su gestión "irregular", al negarse a comparecer en al Parlamento para explicar por qué solo los diputados del PSOE conocen el número de expedientes pendientes de resolver cuando los populares han reclamado esta información y no la ha facilitado.
Fernández ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "bloqueó" cuando llegó al poder en 2018 los expedientes de prórroga de las concesiones en dominio público marítimo terrestre por la "terquedad y arbitrariedad" de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "que es una auténtica talibán" y que, con esta medida, ha hecho "un enorme daño a los negocios" instalados en estos espacios y por tanto, a la economía de Cantabria en su conjunto.
La interpretación del artículo 32 de la Ley de Costas que hizo la ministra de que las concesiones solo podían otorgarse allí donde la actividad necesariamente tenga que desarrollarse en el litoral --por ejemplo, un astillero--, en lugar de la anterior, que entendía que este extremo se refiere solo a nuevas concesiones y no a prórrogas, fue tumbada por los tribunales en diciembre de 2021.
Además, el Gobierno cambió la duración de las prórrogas, con un tiempo máximo de 75 años desde la concesión. Y el pasado 6 de marzo se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Supremo que establece que ese máximo no se puede aplicar a las concesiones anteriores a 1988.
Por lo tanto, ha defendido el diputado, "ni el artículo 32 de la Ley de Costas puede interpretarse como está haciendo el Gobierno porque así lo han dicho los tribunales, ni el plazo máximo de las concesiones puede establecerse en 75 años como dice el Gobierno porque así lo ha establecido el Tribunal Supremo".
Luego en su opinión "no hay motivo" para que el Ejecutivo central "siga bloqueando las solicitudes de prórroga" ni "siga negándoles el derecho a desarrollar su actividad económica". Y ha opinado que si continúa el bloqueo y no se renuevan las prórrogas es "simplemente por la arbitrariedad y terquedad" de la ministra Ribera.
Por todo ello, los populares defenderán este lunes una iniciativa en el Parlamento para que no se sigan produciendo más bloqueos en las prórrogas que "aboquen" a los afectados a acudir a los tribunales, cuando ya han resuelto a su favor, y cuando supone un gasto para ellos. "Pedimos al Gobierno que permita respirar a esta parte del tejido productivo", ha reclamado.
"Los tribunales de justicia han desmantelado los dos criterios que el Gobierno ha venido manejando en los últimos cinco años para mantener bloqueadas las solicitudes de prórroga de concesiones en los estuarios de Cantabria. Ya no hay ningún motivo para seguir bloqueando esos expedientes y pedimos una resolución del Parlamento para decir al Ministerio que deje ya de hacer daño, que deje de agredir a los afectados por la Ley de Costas y permita que esos negocios familiares puedan respirar", ha enfatizado.
DESTITUCIÓN DE OSORIO
Por otra parte, Fernández ha indicado que el PP desconoce el número de expedientes pendientes de resolver y el número de afectados, porque "muchos han renovado pero otros no", y la Demarcación de Costas no facilita estos datos, que sí tienen los diputados socialistas, "a los demás". Por eso, el Grupo Popular solicitó hace meses la comparecencia en el Parlamento del jefe de la Demarcación, "que se niega a venir".
En este sentido, Fernández ha subrayado que Osorio "facilita los datos al PSOE pero no a la Cámara; es decir, no entiende que es un funcionario de la Administración del Estado, que el sueldo se le pagamos todos los españoles, y que no trabaja exclusivamente para el PSOE". Ante esta situación "irregular", el PP solicitará su destitución.
