El diputado autonómico y portavoz de Salud del Partido Popular, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que el archivo, por parte de la Fiscalía, de la denuncia presentada por Podemos contra el convenio del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el Hospital Santa Clotilde "demuestra que se ajusta a la legalidad" así como también la actuación de la Consejería de Salud.
"Nunca existió el supuesto caso penal que algunos intentaron construir", ha señalado el parlamentario del PP después de que el ministerio público haya decidido archivar las diligencias de investigación abiertas en torno al convenio, al entender que en este caso no se dan "requisitos de tipo penal alguno", sino que se trata de "discrepancias sobre cuestiones de carácter administrativo", que pueden ser impugnado en la vía contencioso-administrativa.
Según Vargas, los promotores de la denuncia deben explicar "por qué intentaron convertir una discrepancia política en un procedimiento penal que nunca debió salir del ámbito del debate democrático".
A su juicio, la resolución de la Fiscalía "no admite interpretaciones", ya que no aprecia ningún indicio de ilícito penal y acredita que la modificación del convenio contaba con cobertura presupuestaria, no supuso un incremento del gasto, sino un ajuste técnico, y respondía a las necesidades estructurales del sistema sanitario.
"La Justicia no se puede utilizarse para intentar ganar un debate político. Cuando alguien presenta una denuncia penal sin fundamento, quien pierde no es el Gobierno, sino la confianza de los ciudadanos en las instituciones", ha señalado el diputado del PP en un comunicado, en el que ha lamentado el uso de un tema "tan sensible" como la salud para "fabricar titulares y alimentar una campaña política", y movilizar recursos públicos y el trabajo de organismos para que el procedimiento haya terminado "en un archivo".
Pero "mientras algunos se dedicaban a sembrar sospechas, el Gobierno sigue trabajando para mejorar la sanidad pública, reduciendo listas de espera, incorporando profesionales e impulsando inversiones. Esa es la diferencia entre la política del ruido y la política de la gestión", ha concluido.
