El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha formalizado un acuerdo con Cantabria para financiar la construcción, en ocho municipios, de 170 viviendas en edificios energéticamente eficientes destinadas al alquiler social.
En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en los municipios de Torrelavega, Laredo, Reinosa, Polanco, Santoña, Santillana del Mar, Piélagos y Marina de Cudeyo, y las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026, ha informado el MIVAU en nota de prensa.
El Ministerio aportará 7,5 millones de euros de los 24,6 millones presupuestados para la ejecución de estos proyectos, divididos en doce actuaciones, con cargo a los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR).
El acuerdo recoge ayudas para la construcción de viviendas en régimen de promoción pública a través de la empresa pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria (GESVICAN).
De total de viviendas previstas, 58 se construirán en dos actuaciones en Reinosa; 30, en dos actuaciones en Polanco; 28, en Santoña; 27, en dos actuaciones en Torrelavega; 9, en dos actuaciones en Laredo; 8, en Santillana del Mar; 7, en Piélagos; y 3, en Marina de Cudeyo.
A través de este plan de ayudas, el Ministerio pretende financiar el incremento del parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante promociones de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública.
Estas viviendas formarán parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, se transfirió a la Comunidad Autónoma de Cantabria 6,5 millones de euros en el año 2022, y se ha formalizado el compromiso financiero con cargo a la anualidad del año 2023 por el mismo importe.
La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.
