El juzgado de cláusulas suelo ha dictado 11.000 sentencias, tiene 4.000 pendientes y seguirá dos años más

El juzgado de Cantabria dedicado a los litigios por cláusulas suelo de las hipotecas ha dictado desde su puesta en marcha, en el año 2017, cerca de 11.000 resoluciones, pero tiene unas 4.000 más pendientes de resolver.

Por eso, teniendo en cuenta este "ritmo" de trabajo, seguirá funcionando durante "al menos dos años más", según ha indicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, esta semana, durante la presentación de las memorias del TSJC de 2019 y 2020.

En su comparecencia en el Parlamento, ha destacado que se estiman el 98% de las demandas que se interponen por estos litigios y ha indicado al respecto que hay cinco jueces trabajando en este órgano judicial, conformado por dos (uno orgánico y otro de apoyo).

Así, los recursos de apoyo están "volcados" en esta actividad que, "a lo mejor" -ha reflexionado López del Moral- se podría resolver con medidas extrajudiciales -como arbitrajes u otros mecanismos- y sin necesidad de llegar a los juzgados.

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, encargado de centralizar todas las demandas presentadas en Cantabria relacionadas con la contratación de hipotecas, se puso en marcha a mediados de junio de 2017.

Este órgano judicial, cuyo titular es el juez Jaime Francisco Anta González, se reforzó para recibir, además de los asuntos habituales, las demandas referidas, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, entre otros asuntos.

Su creación se incluía dentro del plan de urgencia puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

En un principio, el plan iba a estar en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podía prorrogarse en caso necesario, como así ha sido.