Izquierda Unida (IU) de Cantabria ha anunciado que promoverá un recurso contencioso-administrativo y registrará mociones en distintos ayuntamientos con el objetivo de frenar la aplicación del convenio singular entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde, al considerar que supone "un avance en la privatización del sistema sanitario público".
En un comunicado, la formación ha señalado que así se alinea con las críticas de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, que advierte de que el citado acuerdo, con una vigencia máxima de 20 años, se ha tramitado por procedimiento de urgencia "sin justificación suficiente" y "sin aportar los informes técnicos, jurídicos y económicos requeridos por la normativa autonómica".
También denuncia que el convenio "no ha sido sometido a debate parlamentario ni a un proceso de transparencia adecuado". "No se puede comprometer el futuro de la sanidad pública durante dos décadas mediante resoluciones opacas y sin control democrático", ha denunciado IU, que también ha sostenido que el documento "compromete" recursos públicos en favor de un operador privado "sin las debidas garantías".
Al respecto, el coordinador de la organización en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha subrayado que el convenio "se firma sin presupuestos autonómicos aprobados" y se apoya en "infraestructuras y personal que el propio hospital reconoce no tener disponibles en la actualidad".
A su juicio, esto convierte el acuerdo en un compromiso "en diferido", y ha incidido en que recientemente se ha incorporado una adenda en la que se establece que "el 1 por ciento de la financiación anual del contrato queda vinculada a la consecución de un mínimo de 80 puntos en los indicadores contemplados", lo que, en su opinión, "reduce la penalización por incumplimiento a un porcentaje insuficiente".
En contraposición, ha subrayado que la gestión pública directa es "más eficaz y eficiente" que la externalización y ha alertado del "incremento" del gasto destinado a la atención sanitaria mediante entidades externas, que, según la organización, ha aumentado más de un 20% anual en los últimos ejercicios.
Desde IU también se ha advertido de posibles "riesgos" en materia "de protección de datos sanitarios, de fragmentación asistencial y de precarización laboral".
"La sanidad pública no es un gasto, es una inversión social y una herramienta fundamental de redistribución de la riqueza y atención universal", ha defendido la formación, que solicita la paralización del convenio singular y reclama la publicación íntegra del expediente administrativo, así como la apertura de un debate público y parlamentario sobre el modelo sanitario en Cantabria.
