La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha avanzado que el Gobierno ha pagado hasta diciembre 12,7 millones de euros del Fondo de Derribos en certificaciones de obra e indemnizaciones a propietarios de viviendas con sentencias de derribo en los municipios de Escalante, Argoños, Arnuero y Piélagos.
Además, ha reiterado y ratificado su compromiso con los afectados, casi 500 familias que llevan esperando una solución desde hace más de 20 años, y ha asegurado que la misma llegará esta legislatura "sí o sí", bien por la vía de la legalización de las viviendas, la sustitución o a través de indemnizaciones.
"Estamos en acabar con este calvario y saldar para siempre la deuda que Cantabria tiene con los afectados desde hace más de 20 años", ha dicho la presidenta, a la vez que ha asegurado que su Ejecutivo y los ayuntamientos de estos municipios "no están quietos ni parados: no hay una sola decisión esperando (...). Todo está en marcha y todo está avanzando".
Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, en la que han repasado la situación actual de los afectados y han marcado una hoja de ruta.
Según ha detallado la propia presidenta, entre julio de 2023 y diciembre de 2025 se han pagado en indemnizaciones y certificaciones de obra un total 12,7 millones de euros. "Más de la mitad de lo que se ha pagado en toda la historia del Fondo de Derribos", ha matizado, a lo que ha añadido que en 2026 la previsión es que se destinarán otros 7,8 millones más en distintas actuaciones.
Ha opinado que estas cifras expresan "sin lugar a dudas la voluntad inequívoca del Gobierno" y que, además, se traducen "en progresos sin precedentes", por lo que las ha valorado positivamente. En este sentido, ha afirmado que "nadie hizo más en menos tiempo", asegurando que se ha dado cumplimiento con los convenios firmados con la gran mayoría de los afectados.
Al hilo, ha dicho que "no es fácil digerir" como presidenta que "todavía haya hoy casi 500 familias que sin merecerlo lleven décadas padeciendo maltratos de la administración" y ha reconocido que le produce "una mezcla de coraje, tristeza y frustración".
"Nunca se tendría que haber llegado a este punto en el que estamos", ha lamentado para reafirmar el compromiso de su Gobierno con los afectados. "No quieren más palabras huecas, no quieren más compromisos fallidos y yo tampoco", ha aseverado y ha afirmado que la prioridad del Gobierno de Cantabria es "aportar luz a tanta oscuridad, a esta situación insoportable de incertidumbre".
Aunque la jefa del Ejecutivo ha reconocido que queda "camino por delante", ha puntualizado que se están dando "pasos muy importantes que nos acercan al final de tanto túnel".
Además, ha reconocido que los plazos de la justicia y la administración "a veces pueden resultar extenuantes", pero ha defendido que debe primar la seguridad jurídica. "No podemos olvidar que ese cello es el que nos ofrece garantías jurídicas que otros pasaron por alto y nos han traído hasta aquí", ha incidido.
En el encuentro, además de la presidenta y el presidente de AMA, ha participado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media.
JUSTICIA
Por su parte, Antonio Vilela ha vuelto a pedir "justicia" para unos afectados que llevan 25 años sufriendo este problema y ha valorado que en esta legislatura "se han dado pasos" para ofrecer una solución definitiva para todos ellos.
"Esperamos que las palabras de la presidenta se hagan realidad y podamos decir que solo queda un año para que todos los afectados tengan una solución, porque la necesitamos, porque no podemos más, porque es de justicia y porque es muy duro lo que estamos sufriendo", ha afirmado, recordando que ya son casi 300 las personas de la asociación que han fallecido.
"Pedimos planes concretos, palabras reales (...). No podemos pasar otra legislatura más como hemos pasado ya más de seis", ha lamentado.
SITUACIÓN ACTUAL
La presidenta ha detallado la situación en cada uno de los municipios afectados y ha explicado que en Arnuero, con 144 viviendas con sentencia de derribo, se han construido 62 viviendas de sustitución, en Bocarrero, que serán entregadas a los propietarios "lo antes posible", una vez que ya ha sido presentada en el Ayuntamiento la declaración responsable de primera ocupación. Además, se ha indemnizado a otros 24 propietarios y el resto está en trámite.
En el caso de Escalante, con orden de derribo en las 32 viviendas del edificio Las Torres de responsabilidad compartida entre el Gobierno y el Consistorio, en diciembre ya estarán terminadas 15 viviendas de sustitución. Asimismo, otros 14 propietarios ya han sido indemnizados y quedan tres pendientes de la firma del convenio.
En Piélagos, Gobierno y Ayuntamiento están trabajando en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá la regularización de 63 viviendas con sentencia de derribo. Para las 17 viviendas de Cerrias I y Cerrias II, que es imposible legalizar por estar dentro de la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre, ya se ha firmado y pagado los convenios de indemnización patrimonial con los siete propietarios de Cerrias I y los otros once propietarios de Cerrias II también han recibido ya sus indemnizaciones.
Además, Buruaga ha precisado que la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la anulación del PORN de Argoños ha echado por tierra definitivamente el intento de regularizar 120 viviendas sobre las que se está trabajando "a contrarreloj junto a los afectados para avanzar en una solución".
Ha señalado que los seis propietarios de La Llana II, los 63 propietarios de La Llana I y los 13 de Pueblo de Mar han optado por viviendas de sustitución y, en consecuencia, el Gobierno está gestionando la adquisición de suelo para su construcción.
De hecho, el Ejecutivo ya ha adquirido una parcela en concurso público con capacidad para 18 viviendas y está esperando una segunda licitación para seguir adquiriendo suelo en el municipio.
Por último, ha añadido que el Ayuntamiento ha cedido terreno para construir otras seis viviendas que irán destinadas íntegramente a los propietarios de la urbanización La Llana II y, en breve, se entregarán otras tres viviendas de sustitución en Cerecedas mientras los otros ocho propietarios ya fueron indemnizados.
