El fiscal ha rebajado de nueve años a cuatro y tres meses la pena de cárcel que solicita para un empresario de Torrelavega al que también acusa su hermana, que mantiene en cambio su petición de once años y un mes de prisión para él. Se ha sentado en el banquillo por desplazar la actividad de la asesoría jurídica y correduría de seguros de la familia que administraba -y de la que era titular junto a ella y la madre de ambos- a otras mercantiles de su propiedad.
Tras el juicio, celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria, el representante del ministerio público ha modificado este viernes, en la última sesión, la calificación de los hechos y ha eliminado el delito continuado de apropiación indebida, aunque insiste en que hubo revelación de secreto de empresa y administración desleal, ilícitos por los que también reclama multa de 3.600 euros.
Además, ha reducido la "intensisad" de la participación de un cuñado del principal procesado en lo ocurrido, de modo que ya no le considera cooperador necesario sino cómplice para la comisión de unos hechos por los que interesa para él once meses de prisión y multa de 1.800 euros, frente a los dos años y medio que pedía antes de la vista oral.
Y en concepto de responsabilidad civil, esta parte interesa en caso de condena que el empresario y sus sociedades indemnicen a las de la querellante en más de 522.500 euros, de los que el grueso (casi 295.400) corresponden al perjuicio causado por el "trasvase" del negocio de unas a otras y más de 115.000 a la pérdida del valor de las entidades matrices. Fija otros 63.000 euros por vacío patrimonial y más de 42.000 por operaciones irregulares.
De ese montante global, el 15 por ciento deberá ser abonado por el cuñado, que actuó como "testaferro" según el fiscal, que por lo demás ha insistido en la absolución de las seis empleadas que también se han sentado en el banquillo al ser acusadas por la querellante, que ha elevado a definitivas sus conclusiones iniciales.
El abogado de la acusación particular aprecia en lo ocurrido revelación de secretos de empresa, suplantación de identidad, apropiación indebida y administración desleal. El primer delito lo atribuye a los dos acusados y a las trabajadoras, como cooperadoras necesarias, y entiende que también suplantaron identidades y que una fue además cooperadora necesaria de la administración desleal.
Junto a los once años y un mes de prisión y 10.800 euros de multa para el principal enjuiciado, este letrado reclama tres años de cárcel y 6.480 euros para el cuñado, y cinco años y cuatro meses y otros 6.480 euros a las empleadas.
Las cuatro defensas que han representado a los ocho procesados han rechazado las imputaciones a sus clientes. El del principal encausado ha interesado en todo caso que se tengan en cuenta las atenuantes de reparación del daño, pues según ha asegurado ya se fijó y abonó la indemnización tras un proceso civil previo, y de dilaciones indebidas por este procedimiento, iniciado hace seis años y juzgado ahora por la Sección Tercera.
Además, ha introducido que se condene en costas a la querellante, solicitud a la que se han adherido otras defensas, al considerar que ha obrado con "temeridad y mala fe" por mantener una acusación "infundada", carente de "prueba".
