Colectivos propalestinos han convocado una concentración el día 24 de febrero, a las 19.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno (PSOE) ante las sanciones a dos mujeres en Cantabria durante las movilizaciones contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España 2025, las cuales se celebraron en las localidades de Laredo y Los Corrales de Buelna, con motivo de las etapas 12 y 13. El importe conjunto y total de ambas sanciones asciende a 1.200 euros.
La elección de la Delegación del Gobierno como el lugar de la concentración responde a la "hipocresía" y la "doble moral" del PSOE (su líder en Cantabria, Pedro Casares, es delegado). Consideran a este partido "responsable" de esta situación, ya que por un lado ha "felicitado" a los activistas por sus movilizaciones y por el otro "utiliza" la 'Ley Mordaza' para imponer las sanciones .
Y a Casares le han acusado por "hacerse fotos delante de nosotros con las banderas palestinas" en la llegada a los Corrales de Buelna, algo que "choca con la reacción de después y la utilización de la 'Ley Mordaza' para reprimirnos".
Por ello, el principal objetivo de las reivindicaciones de estos colectivos "va más allá de las compañeras" sancionadas, ya que exigen la derogación de la 'Ley Mordaza', porque sin ella "no serían posible" las sanciones.
En esta línea, consideran que el propio Gobierno de España "no está cumpliendo" la legislación ya que creen que la Ley contra la Violencia, la Xenofobia y la Discriminación en el Deporte "se podría aplicar perfectamente en Israel", que, según estos activistas, "es un Estado violento, xenófobo y discriminador con el deporte palestino".
Estos colectivos, que han creado la 'Plataforma Condenar el Genocidio es un Deber, no es un Delito', consideran la participación del equipo israelí en La Vuelta como "una provocación" y "un lavado de imagen" -'sportwashing' en inglés- del "genocidio" contra el pueblo palestino.
En este sentido, han defendido su "derecho a ocupar las calles para demandar los Derechos Humanos" en base a la resolución del Tribunal Constitucional, que "hace ya una veintena de años dijo que el espacio público es un espacio no solamente para deambular por él, sino para la participación ciudadana".
Así lo han manifestado los portavoces de la nueva plataforma Fernando Fernández y María Ángeles Cabria, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede del sindicato STEC.
MULTAS
Las sancionadas en Cantabria, Marta Maurí y Judit González, han recibido dos multas cada una de 300 euros, por lo que el montante total de las sanciones impuestas en la región por estas protestas asciende a 1.200 euros. Ambas han recibido la ayuda de Juristas por Palestina en la presentación de sus alegaciones y han criticado el trato "intimidatorio para quebrar la disidencia" por parte de la Administración.
En concreto, Maurí -que se enfrenta incialmente a una propuesta de multa de 3.000 euros- fue identificada por la Policía Nacional en Laredo durante la salida de la duodécima etapa, el 4 de septiembre de 2025. En la rueda de prensa de este miércoles ha defendido que los agentes justificaron su multa con la "mentira" de que portaba un cartel con una esvástica nazi y una estrella de David, pero ella ha asegurado que llevaba "una cufilla y una bandera pacifista". Además, ha afirmado que le identificaron "porque no quise tirar el cartel" y que los agentes le han acusado de "tirar las vallas, que estaban atadas con unas bridas".
En esta línea, ha asegurado que ante esa "injusticia" personas anónimas le dieron su teléfono y, posteriormente, utilizó sus testimonios en sus alegaciones.
Meses después, a Maurí le llegó la segunda multa por estar en Cabezón de la Sal en la salida de la decimotercera etapa, el 5 de septiembre de 2025, donde "nadie nos identificó" ni le pidieron el DNI.
Por su parte, González ha recibido dos sanciones de la Guardia Civil a raíz de una identificación en la terraza de un bar de Santillana del Mar, donde no portaba "ni banderas ni pancartas". Allí se presentaron "7 u 8 guardias que nos pidieron el DNI, algo bastante chocante porque no sabíamos qué habíamos hecho". Ocurrió el día 4 de septiembre tras la llegada a meta de Los Corrales de Buelna, donde estuvo presente.
La activista cree que "nos tienen más que fichados y siguen nuestros movimientos y aquel día les apetecía hacer lo que hicieron después". Más allá, cree que fue multada porque le pidió y apuntó el número de identificación "al jefe de ellos" y tiene "la sensación de que a este señor no le sentó nada bien" porque es la única persona de su grupo que ha recibido sanción. Asimismo, ha manifestado que la denuncia "inventa cosas y se atreve a decir que le apunté con mi mano y le hice 'pum, pum, pum'".
En cuanto a la segunda denuncia, que le ha llegado hace "pocos días", el motivo ha sido el corte realizado "durante unos breves segundos" en la salida de Cabezón de la Sal, donde ella entiende que habrá sido indentificada "por fotos, ya que allí no se acercó ni Guardia Civil, ni (policías) nacionales, ni nadie". La notificación detalla que portaba una bandera y "voceaba a los agentes, cosa que es mentira porque no tenía agentes delante", ha recalcado.
Por último, ha afirmado que, en las notificaciones a ambas sancionadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "adornan la denuncia con sus mentiras para tener algo más de peso".
