Un total de 490 abogados cántabros garantizaron el derecho de defensa en 10.506 asuntos del turno de oficio el año pasado, lo que supone respecto al ejercicio anterior menos profesionales (en 2024 había 502 adscritos al servicio) y mayor volumen de trabajo (unos 500 asuntos más).
Además, la inversión total destinada al mismo descendió, de 2,8 a 2,7 millones (en concreto, de 2.809.890 euros a 2.770.799), con lo que en 205 hubo "más asuntos, menos inversión y menos profesionales", según ha puesto de manifiesto el Colegio de la Abogacía en un comunicado este miércoles, víspera de la celebración del Día de la Justicia Gratuita.
Se conmemorará con dos concentraciones, en Solares y Santander, para reivindicar un derecho "esencial" de la ciudadanía y poner en valor el trabajo de los abogados que lo hacen posible. Los actos comenzarán a las 9.30 horas en la sede del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo y continuarán a las 12.30 horas en el complejo judicial Las Salesas.
La entidad colegial avisa de la "presión" que soporta el sistema y que refleja la evolución de los datos. Además, según cifras del Observatorio de Justicia Gratuita, ésta recibió el año pasado 8.340 solicitudes, de las que 4.716 fueron reconocidas.
Y en 2025 la región contó con 377 profesionales adscritos a la asistencia letrada al detenido, 157 en violencia de género y 76 en extranjería, y destaca la presencia mayoritaria de abogadas en algunos servicios, como estos dos últimos.
Teniendo en cuenta estas y otras cifras, la Abogacía reclama a las administraciones públicas una financiación "suficiente, estable y acorde con la importancia constitucional y social de la justicia gratuita".
Así, advierte que aunque el sistema español es uno de los más garantistas en el ámbito del derecho comparado, "persisten deficiencias estructurales, insuficiencias retributivas cronificadas y un exceso de burocracia que siguen siendo reivindicaciones vivas".
En este sentido, el Colegio de la Abogacía de Cantabria se suma a la reivindicación del Consejo General de la Abogacía Española y sentencia que la reforma de la justicia gratuita "no admite más dilaciones".
"Tras treinta años de vigencia, la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita requiere una reforma integral que actualice los baremos de retribución y asegure una financiación acorde con la realidad social del siglo XXI", reclama la profesión.
También pide un paquete de medidas que incluya una "revisión profunda" del sistema de retribuciones para los profesionales del turno de oficio, incentivos que atraigan a las nuevas generaciones de la Abogacía y políticas activas para corregir la desigualdad territorial. El objetivo es garantizar que el derecho de defensa sea "efectivo para toda la ciudadanía, viva donde viva".
