Cantabria perderá el 22,8 por ciento de personas en edad de estudiar en los próximos 15 años (hasta 2041), la segunda comunidad autónoma con mayor reducción y 9,1 puntos por encima de la prevista en el conjunto del país (-13,7%), según un informe publicado este miércoles por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Según el mismo, solo Extremadura (-23,1%) y las ciudades autónomas de Ceuta (-34,5%) y Melilla (-33,4%) sufrirán una mayor pérdida de población en edad de estudiar (de 6 a 24 años) que Cantabria.
Por niveles, en Cantabria la mayor pérdida sería en la Secundaria Posobligatoria (16-17 años), donde llegaría al 34,2%, seguida de la Obligatoria, de 6 a 15 años (-26,3%). En ambos casos, sería la CCAA con mayor pérdida en estas etapas.
En la Enseñanza Superior (18-24 años), la pérdida estimada en la comunidad sería del 15,3% --la tercera CCAA que más--, mientras que solo aumentaría en la Infantil (0-5 años), con un incremento del 4,9%.
1,32 MILLONES DE PERSONAS MENOS EN EDAD DE ESTUDIAR EN ESPAÑA
A nivel nacional, el informe señala que las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una tendencia descendente de la población en edad típica de cursar estudios obligatorios o posobligatorios con una caída acumulada del 13,7% hasta 2041, lo que supone 1,32 millones de personas menos.
La investigación avisa de que la demografía "puede marcar las necesidades de gasto educativo en los próximos años" y que la caída prevista de población en edad de estudiar "podría aliviar la presión sobre los recursos del sistema educativo español en su conjunto".
Sin embargo, precisa que las notables diferencias por niveles de enseñanza y entre territorios en la evolución demográfica "plantean un reto mucho más complejo".
Y es que por regiones, las previsiones son muy desiguales, ya que frente a la reducción por encima del 20% de la población en edad de formación en Extremadura o Cantabria, en otras comunidades autónomas la pérdida es mucho menor. Este es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, donde la reducción prevista es del 5%, o de Baleares (-8,6%).
En relación a los niveles de enseñanza, el informe señala que mientras que en Primaria la caída de alumnado potencial supera el 10% y en Secundaria el 20%, en el caso de la población en edad de cursar estudios superiores el descenso acumulado sería más reducido, del 8,7%.
Además, la demografía señala un crecimiento de la población menor de 6 años que generará mayores necesidades de Educación Infantil.
Los investigadores señalan que reasignar recursos presupuestarios y materiales, infraestructuras educativas y profesores en función de las necesidades demográficas "no resultará sencillo, pero las administraciones educativas deben reforzar ya su planificación futura, teniendo en cuenta el margen que ofrece la próxima jubilación de buena parte del personal docente". "Solo una adecuada programación a medida podrá dar respuesta apropiada a las necesidades educativas de la sociedad", apuntan.
Por otra parte, el informe subraya que "la próxima jubilación de buena parte de los docentes introduce un elemento de flexibilidad potencial en la asignación de recursos que hay que saber aprovechar".
En este sentido, destaca que los últimos datos disponibles sitúan la edad media de los profesores de las universidades públicas en 49,5 años en el curso 2023-24, con un 18,7% de ellos con 60 o más años. En el caso de la enseñanza Secundaria un 35% supera ya los 50 años.
"Esto aumenta el margen para reorientar los recursos humanos que se incorporen hacia los tipos de formación y los territorios donde resulten más necesarios", recoge el estudio.
Para los investigadores, "la necesidad de una adecuada planificación de la política educativa, que contemple de modo realista las tendencias demográficas y su impacto territorial, resulta evidente".
"Ese ejercicio de responsabilidad es fundamental dada la importancia que la educación juega en la vida de las personas, su contribución a la igualdad de oportunidades y su papel como motor del desarrollo económico y el progreso social. Esto resulta aún más necesario en un momento como el actual, en el que cobra más importancia la formación continua a lo largo de la vida y se aspira asimismo a continuar reduciendo el abandono educativo temprano y mejorar la calidad de la educación", señala el documento.
Ante un escenario futuro de creciente presión sobre los recursos públicos para cubrir otras necesidades sociales también fundamentales (como la sanidad, las pensiones o la atención a la dependencia), el reto para las administraciones educativas "es resolver el sudoku al que van a enfrentarse en los próximos años".
