El regionalista Raúl Ruiz ha tomado posesión como alcalde de Ribamontán al Monte en un Pleno extraordinario celebrado este lunes, en el que ha sucedido en el cargo a su compañero de partido, Joaquín Arco, quien el pasado 10 de junio renunció al acatar el informe de la Junta Electoral Central que le hace incompatible para el cargo tras ser condenado a inhabilitación por prevaricación administrativa, aunque la sentencia no es firme.
Al término del Pleno, Ruiz ha manifestado que su toma de posesión "es un trámite que nos ha tocado vivir ahora" y que su idea y la de su grupo es "una continuidad de lo que Joaquín ha iniciado".
Además, ha confiado en que los tribunales "le den la razón, porque se la tienen que dar porque es justo que se la den; porque no es justo lo que ha pasado".
"Dentro de un año, esperemos que ya lo tenga bien y pueda volver a presentarse a las elecciones y podamos volver a estar todos juntos", ha declarado Ruiz, que ha insistido en que "esto es un trámite". Sus palabras han sido recibidas con aplausos.
La sesión plenaria de este lunes, que se ha prolongado poco más de diez minutos, ha comenzado con la toma de posesión de Juan Carlos Lavín como nuevo concejal en sustitución de Arco, quien ha jurado su cargo, para posteriormente proceder a la elección del alcalde.
Tras la renuncia de los primeros números de la lista del PRC --María José Puente Lavín, Mercedes Fernández y Fernado González--, Raúl Ruiz ha sido elegido por mayoría absoluta como nuevo regidor y también ha jurado el cargo entre aplausos de los presentes en la sala, pero que no ha querido intervenir en este punto de la sesión.
Sí ha nombrado a María José Puente Lavín, primera teniente de alcalde; a Susana Liaño Lavín, segunda teniente de alcalde, y a Mercedes Fernández, tercera teniente de alcalde, que integran la Junta de Gobierno.
Liaño Lavín se ocupará de Educación, Cultura y Festejos; Mercedes Fernández, de Sanidad y Protección Civil; Pablo Blanco, de Deportes; Francisco Calleja, Jardinería; Juan Carlos Lavín, Aguas; Fernando González, Obras, y Montserrat Pérez, Servicios Sociales.
Tendrán dedicación exclusiva el alcalde y la primera teniente de alcalde.
El exregidor 'popular' José Luis Fomperosa solicitó a la Junta Electoral Central que instara al Consistorio a declarar la incompatibilidad sobrevenida del alcalde por el fallo, dictado por la Audiencia Provincial, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y pendiente de que se pronuncie el Supremo.
En el juicio, celebrado el pasado mes de diciembre por supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017, Joaquín Arco alegó que todos los pasos que él y su equipo dieron en esa etapa en el Ayuntamiento siempre fueron consensuados y contaron con "asesoramiento legal", de la letrada contratada por el Consistorio.
Así, achacó la denuncia a Fomperosa (PP) por los pagos en cuestión -basados en reparos de ilegalidad de la secretaria municipal- a la "pésima" relación entre esta funcionaria y la abogada.
El alcalde regionalista se enfrentaba a 15 años de inhabilitación que pedían para él la fiscal y la acusación particular, ejercida por el 'popular', al que este ingeniero industrial en la especialidad de electricidad arrebató en 2015 la Alcaldía por un voto de diferencia.
Ambas partes entendían que hubo continuidad delictiva, pero solo fue condenado por uno de los seis supuestos enjuiciados en la Sección Primera de la AP. En concreto, por contratar a un arquitecto municipal sin tramitar ningún expediente ni convocar proceso selectivo alguno, y "a pesar de que había concluido el contrato menor en virtud del cual había sido contratado" el año anterior.
Por lo demás, fue absuelto por su proceder en otros cinco expedientes, al entender el tribunal que en estos supuestos fue asesorado legalmente y en unas ocasiones actuó conforme a derecho mientras que en otras lo hizo en el convencimiento de que estaba cumpliendo la ley.
Tras la sentencia, el PRC mostró su apoyo a Arco y avanzó que no exigiría responsabilidades políticas mientras el fallo no sea firme. Mientras, el PP solo veía dos salidas: o dimitir voluntariamente o que la Corporación municipal forzara su cese. En este sentido, la acusación particular solicitó la inhabilitación sobrevenida del regidor.
