El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado oficialmente el listado de municipios donde será obligatorio medir y controlar la exposición al gas radón en los centros de trabajo. En Cantabria, la medida tiene un alcance muy localizado, pues solo el municipio de San Roque de Riomiera ha sido clasificado como Zona II, es decir, de actuación prioritaria.
Por otro lado, 50 municipios están en Zona I, donde se recomienda la medición, aunque no sea obligatoria, de este gas considerado segunda causa principal de cáncer de pulmón.
San Roque de Riomiera es una de las tres villas pasiegas junto a Vega de Pas y San Pedro del Romeral. Con una población pequeña y repartida entre el sector industrial, la construcción, el terciario y el sector primario, este enclave combina tradición, paisaje y una actividad económica diversa, lo que hace especialmente llamativa su inclusión en el mapa de riesgo por gas radón.
La aprobación del mapa de municipios se produce un año después de la entrada en vigor de la obligación general de medir el gas radón en zonas de riesgo, conforme al Plan Nacional contra el Radón y el Código Técnico de la Edificación (CTE).
El CSN ha definido por primera vez de manera oficial los municipios en los que se deberá cumplir estrictamente esta medida, centrándose en aquellos con un potencial de radón superior al nivel de referencia de 300 Bq/metro cúbico. Aunque la presencia de este gas radioactivo se detecta en casi el 50% del territorio español, solo los municipios clasificados como Zona II están sujetos a esta obligación.
El radón es un gas natural, incoloro e inodoro, que se origina por la desintegración del uranio en el subsuelo. Su peligro radica en su acumulación en interiores, donde puede representar un riesgo para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera la segunda causa principal de cáncer de pulmón, tras el tabaco, y la primera entre no fumadores. En España se estima que el radón provoca más de 1.500 muertes anuales.
La Instrucción IS-47 del CSN establece las directrices para la medición en centros de trabajo, obligando a realizar las mediciones durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente entre octubre y mayo.
