La Audiencia Provincial de Cantabria ha imputado al Consejo de Administración de la empresa Sniace de Torrelavega, incluido su presidente, Blas Mezquita, por la posible comisión de un delito medioambiental por vertidos contaminantes al río Saja entre 2008 y 2010.
Así consta en un auto de la Sección Tercera, fechado el pasado mes de diciembre pero difundido ese sábado, con el que la sala estima los recursos de apelación interpuestos por el fiscal y Ecologistas en Acción contra una resolución judicial previa, de marzo de 2016, del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital del Besaya dictada en el marco de esta causa.
Con este nuevo auto, que no admite recurso alguno, continúa el procedimiento iniciado contra la dirección de Sniace, integrada además de por Blas Mezquita y los cántabros Manuel Huerta y Jesús Manuel Zaballa, los también consejeros Julio García, Víctor Manuel Guzmán, Juan Hernández y Antonio Temes.
En el mismo pronunciamiento, la sala también desestima el recurso interpuesto por el director de Operaciones del Grupo, Francisco González Payno, con lo que se mantiene imputado -los magistrados creen que no tenía autonomía para obrar por sí solo al margen del Consejo de Administración- por el supuesto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Y es que los vertidos al cauce del Saja se habían producido sin la autorización de la entonces Confederación Hidrográfica del Norte (ahora del Cantábrico) y los mismos presentaban elevados niveles de distintas sustancias contaminantes, entre ellas metales pesados, que contravenían la normativa protectora del medio ambiente, ya que resultan nocivos para el ecosistema fluvial y pueden acarrear riesgos en la salud de las personas.
En este sentido, los integrantes de la Sección Tercera de la AP destacan los informes periciales de la CHC, del Instituto Nacional de Toxicología y los encargados por el Ministerio Fiscal.
La defensa del Consejo de Administración de Sniace se había basado en el desconocimiento de los hechos por parte de sus integrantes, que alegaban que "ninguno" se encargaba "específicamente" de cuestiones medioambientales en esos años, entre 2008 y 2010.
Esgrimían así que eran decisiones adoptadas por los "técnicos" ajenas a ellos, derivando de este modo cualquier responsabilidad en el director de operaciones.
Pero la sala considera que "existen indicios que apunta a la posible responsabilidad de los consejeros de Sniace y, desde luego, de su presidente", Blas Mezquita, en la emisión de vertidos contaminantes al Saja, que ya se habían producido con anterioridad.
De hecho, en el mismo periodo en cuestión se tramitó un procedimiento penal contra Gómez de Liaño, exconsejero ejecutivo de Sniace, que fue condenado en abril de 2010 por delito medioambiental, por vertidos previos similares.
Además, en esas fechas la CHN había impuesto a Sniace una sanción por falta "muy grave" -con multa de 600.000 euros e indemnización de 500.000-.
Pese a todo, los mismos continuaron "sin que el Consejo de Administración de Sniace hiciera nada al respecto" y sin que los mismos estuvieran amparados por la Autorización Ambiental Integrada.
Esta norma establecía que las aguas procedentes del proceso industrial debían verterse a la Ría de San Martín a través de un colector de industriales que "no estaba en funcionamiento" en el momento de los hechos, sino que la conexión se produjo en abril de 2010.
Para finalizar, los magistrados de la Audiencia cántabra apuntan que si se tiene en cuenta que los recursos en la vía contencioso-administrativa los interpuso Sniace, "mal podían los integrantes de su Consejo de Administración ignorar lo que estaban recurriendo".
Tras este auto de la Audiencia Provincial, el siguiente paso es la apertura de juicio oral contra todos los imputados.
