Torrelavega remite el PGOU al Gobierno regional para su evaluación ambiental

El Ayuntamiento de Torrelavega ha remitido el documento III del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al Gobierno de Cantabria para que emita la Memoria Ambiental.

Asimismo, y de forma simultánea, ha comenzado a enviar la contestación a las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.

En este sentido, base al informe por el equipo redactor, se propone estimar total o parcialmente 20 alegaciones y desestimar los 82 restantes.

Se trata, según han indicado en un comunicado el alcalde, Javier López Estrada, y a concejala de Urbanismo, Jezabel Tazón, de un "avance y un paso importantísimo" para dotar a la ciudad de una nuevo PGOU que sustituya al vigente desde 1985.

Y es que la aprobación del PGOU en esta legislatura "es absolutamente esencial y una prioridad del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) que comparten todos los grupos municipales".

Ambos han detallado que el Consistorio envió a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio la documentación precisa para que, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, analice el PGOU desde el punto de vista medioambiental, dé el visto bueno a las medidas propuestas o, en su caso, indique si es necesario incorporar nuevas determinaciones para mejorar o garantizar algún aspecto medioambiental del futuro plan.

El órgano ambiental tiene un plazo de cuatro meses, prorrogable por dos más, para el análisis técnico del expediente y la formulación de la Memoria Ambiental.

SIGUIENTES PASOS

Una vez esté la Memoria Ambiental, habrá que analizar su alcance e incorporar sus determinaciones al documento, para llevarlo de nuevo al Pleno para su aprobación provisional.

Y cuando se dé ese paso, el PGOU se publicará en la página web municipal y se remitirá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para su aprobación definitiva.

Respecto a su aprobación definitiva, Tazón ha indicado que, "si todo va bien", podría estar para "finales de año", pero -ha apuntado- "lo normal es que, a lo largo del proceso, se incorporen nuevas correcciones y ajustes motivados por los informes de todos aquellos organismos sectoriales que habrán de informarlo antes de su aprobación definitiva, y si esas correcciones o ajustes suponen una modificación sustancial del documento será necesario un nuevo periodo de información pública, con los retrasos que ello puede generar".

Así, ha recordado que durante la tramitación se deberá informar a diversos organismos, tanto de la administración central como de la comunidad autónoma, caso de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar; Dirección General de Ferrocarriles; Dirección General de Aviación Civil; Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; Dirección General de Infraestructura (Ministerio de Defensa), o la práctica totalidad de las direcciones generales de todas las consejerías del Gobierno cántabro relacionadas con la planificación.