El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha instado al equipo de gobierno PP-Cs a aceptar las alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para extender a todo el suelo urbano un régimen de distancias mínimo de 100 metros entre gasolineras y actividades vulnerables, como el IES Cantabria o el colegio Nueva Montaña.
En un comunicado, Fernández ha explicado que durante el mes de junio se han registrado, además de las del grupo socialista, numerosas alegaciones "con argumentos jurídicos sólidos" que permitirían detener estas instalaciones junto a los centros educativos "por razones imperiosas de interés general como la seguridad, la salud y el medio ambiente".
El portavoz socialista ha asegurado que existe "abundante" normativa de carácter nacional que permite a los ayuntamientos hacer uso de sus competencias urbanísticas y de ordenación de los usos del suelo para evitar que se instale una gasolinera, un salón de juegos o una discoteca junto a un colegio, porque es "un urbanismo hostil y un sinsentido", ha dicho.
En este sentido, el PSOE de Santander registró sus alegaciones y las facilitó a las asociaciones de vecinos, comunidades educativas y personas que a título particular también han presentado su oposición a que prospere la modificación del PGOU en los términos planteados por la Concejalía de Urbanismo "porque no evita las gasolineras junto a las actividades vulnerables".
Sin embargo, el portavoz de los socialistas lamenta "los errores cometidos en la tramitación por la Concejalía de Urbanismo, la falta de escucha del equipo de Gobierno a las alegaciones y su empeño en una modificación que no soluciona el problema", motivos por los que "hay un problema de plazos que se tiene que resolver con agilidad".
En este sentido, ha argumentado que el 17 de agosto vence la suspensión de licencias, que "es la herramienta con la que se pueden parar las gasolineras en tramitación que amenazan al IES Cantabria, al Colegio de Nueva Montaña, a los vecinos de Castilla-Hermida y otras".
"Antes de esa fecha necesitamos que Urbanismo acepte las alegaciones, las introduzca en la modificación del PGOU sobre el régimen de implantación de gasolineras y lo eleve a Pleno para llegar a la aprobación inicial", ha advertido Fernández.
RAZONES DE INTERÉS GENERAL
El documento registrado pide proteger no sólo los equipamientos educativos, sino también sanitarios, asistenciales, residenciales, edificios o elementos con protección patrimonial y cultural, parques públicos e instalaciones deportivas al aire libre "en todo el municipio y con independencia de la calificación del suelo".
Para el grupo socialista se trata de "preservar la salud y evitar la contaminación del aire en zonas de especial vulnerabilidad por presencia de niños, mayores y personas enfermas", dado que "hay amplia evidencia científica que demuestra que la cercanía a los puntos de distribución de combustible puede provocar cáncer".
E insiste en que "las razones imperiosas de interés general están perfectamente identificadas en la normativa estatal y autonómica", entre la que citan la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley General de Unidad de Mercado, la Ley Paraguas o la Ley del Suelo.
Así, subrayan que hay jurisprudencia "favorable" sobre la misma materia, con lo que entienden que "el Ayuntamiento puede valerse de la modificación urbanística para evitar conceder las licencias".
"No hay excusas, es una cuestión de voluntad política", ha enfatizado Fernández, al tiempo que defiende "otra manera de entender el Urbanismo que proteja el interés general en lugar de seguir perjudicando a los vecinos y vecinas a favor de intereses particulares que nunca están claros", ha concluido.
