Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Santander (PSOE, PRC, Unidas por Santander y Vox), que son mayoría política, han registrado una propuesta de acuerdo para devolver al Pleno la competencia de establecer los precios públicos, delegada desde 2010 en la Junta de Gobierno Local.
En un comunicado conjunto, han explicado que los precios públicos regulan cada año las tarifas del autobús municipal (TUS), de las instalaciones deportivas del IMD, el Conservatorio, los copagos en la ayuda y comida a domicilio, los servicios culturales, recreativos, artísticos y de ocio y las bodas civiles.
En su escrito, los portavoces del PSOE, Daniel Fernández, PRC, José María Fuentes-Pila y Grupo Mixto, Miguel Saro (UxS) y Guillermo Pérez-Cosío (VOX), remarcan que la Ley de Haciendas Locales (artículo 47.1) determina que "el establecimiento o modificación de los precios públicos corresponde al Pleno de la Corporación".
Sin embargo, el 29 de abril de 2010, el Pleno acordó "delegar en la Junta de Gobierno Local el establecimiento, modificación y supresión de los precios públicos".
Los grupos de la oposición, que en esta legislatura suman 14 concejales frente a los 13 del equipo de Gobierno (PP-Cs), han recordado que, desde 2015, los sucesivos equipos de Gobierno han ejercido aquella competencia delegada "estando en minoría en el Pleno" y han subrayado que éste es "el órgano de máxima representación política" y "donde reside la soberanía municipal", pero "sobre todo el órgano competente para establecer los precios públicos".
Por lo tanto, en aplicación del Reglamento del Ayuntamiento, elevarán a la próxima sesión ordinaria de octubre el acuerdo para devolver al Pleno la competencia que le otorga la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para el establecimiento o modificación de los precios públicos "con todos los efectos legales inherentes".
De salir adelante la votación, los precios públicos para 2023, al igual que ocurre con el presupuesto, la plantilla municipal, los impuestos, las tasas y las ordenanzas fiscales, se tendrán que debatir y aprobar por el Pleno municipal y no directamente por la Junta de Gobierno Local, como ocurre desde 2010.
