El Parlamento de Cantabria ha rechazado en el Pleno de este martes una proposición no de ley (PNL) de Vox para revisar los protocolos de decisión y triaje del Servicio de Emergencias 112 a raíz del accidente ocurrido el pasado mes de marzo en El Bocal de Santander, donde fallecieron seis jóvenes y una séptima resultó herida tras colapsar la pasarela un día después de que un vecino diera aviso de su mal estado.
La propuesta consistía en establecer una nueva categoría de alta prioridad de 'Alerta por Inestabilidad Estructural con Riesgo Vital', pero no ha salido adelante al contar con el rechazo de PP, PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.
En líneas generales, los grupos se han mostrado de acuerdo con el fondo de la iniciativa en lo referido a reforzar los protocolos, la prevención y la coordinación ante emergencias, pero han rechazado utilizar la tragedia como "arma" o "instrumento de confrontación política".
Así, varios portavoces han criticado a Vox por realizar "afirmaciones categóricas anticipadas" sobre un asunto que se encuentra judicializado y han opinado que su PNL incluía medidas que generaban "duplicidades", invadían competencias de las administraciones y contenían "simplificaciones impropias".
En concreto, la iniciativa hacía seis peticiones, entre ellas la de establecer una nueva categoría de alta prioridad para que un aviso ciudadano sobre el mal estado de puentes, pasarelas, miradores, cornisas o taludes fuese catalogado automáticamente como nivel de emergencia 1.
También pedía a un Protocolo de Validación Presencial Obligatoria y Cierre de Bucle para que ninguna llamada que aludiera a un riesgo vital por fallo de infraestructura pudiera ser dada por finalizada en la sala del 112 mediante una "simple transferencia a otra administración"; o una auditoría de seguridad para crear un Inventario Regional de Infraestructuras de Riesgo en el que se detallara la fecha de la última revisión técnica y la administración responsable de su mantenimiento.
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha lamentado que en la tragedia de El Bocal "llegamos tarde" ante una patología estructural "visible y denunciada que no fue atendida adecuadamente por ninguna de las administraciones que hoy se disputan la titularidad del mantenimiento". Además, ha criticado al Gobierno regional (PP) por afirmar de forma reiterada que el protocolo de actuación fue "impecable", lo que a su juicio es "un acto de soberbia institucional".
Respecto al rechazo a la PNL, Díaz ha lamentado que los grupos han "tenido que manipular" el contenido porque "si no, sus excusas no encajaban". "Algo ha quedado clarísimo y es que con ustedes se puede volver a repetir una tragedia como la que hemos vivido", ha sentenciado.
Desde el PP han replicado a Vox que "debería evitar el uso espurio de la tragedia como arma política". "Le pesa más la urgencia política que la serenidad judicial", y "se aventura a sacar precipitadamente conclusiones de la existencia de deficiencias sistémicas, errores de protocolo de actuación que quiere elevar políticamente a definitivas sin esperar el criterio de los juzgados".
"Habla de actos de soberbia institucional [...] cuando algunas de sus declaraciones públicas e iniciativas no son precisamente compendios de humildad política", ha lamentado el diputado Cándido Cobo.
Por su parte, el PRC ha reconocido la necesidad de "aprender de lo ocurrido", pero a su vez ha rechazado "la construcción de un relato político basado en afirmaciones categóricas anticipadas y descalificaciones institucionales que no se sostienen ni jurídica ni técnicamente si tenemos en cuenta que las investigaciones siguen abiertas".
"No podemos apoyar propuestas redactadas desde la sobreactuación política que mezclan conceptos jurídicos incorrectos, generan duplicidades administrativas e invaden competencias municipales. La seguridad pública exige rigor técnico, respeto competencial y medidas operativas viables, no soluciones maximalistas difíciles de aplicar", ha opinado la regionalista Rosa Díaz.
En la misma línea, los socialistas se han mostrado de acuerdo con la petición de que un riesgo estructural no se trate como una simple incidencia administrativa y que el 112 responda "con más agilidad y mejor coordinación" ante sospecha de peligro para la vida, pero ha rechazado la propuesta porque "mezcla medidas razonables con otras que tienen un dudoso encaje competencial y una rigidez operativa excesiva".
La diputada del PSOE Norak Cruz ha apuntado que "la respuesta responsable de este Parlamento no es convertir una tragedia en un catálogo de imposiciones poco trabajadas, sino impulsar medidas útiles, evaluables y plenamente ajustadas a derecho".
