Una jueza de Santander ha condenado al Ayuntamiento a abonar a un policía local 1.550 euros correspondientes a un curso que había realizado.
El agente, adscrito a la Unidad Canina del Cuerpo, cursó una formación de adiestrador de perros profesional, específica y necesaria para el desempeño de sus funciones, y en diciembre de 2021 adelantó el pago con el compromiso de que el importe le fuera reembolsado después, extremo que no se produjo.
La sentencia, de la titular de la Plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad, estima la demanda del efectivo policial contra la desestimación por silencio de la solicitud de abono de curso.
Según la magistrada, no existe "fundamento alguno para rechazar el pago" pues se trata de un curso "informado favorablemente para su realización", consta acreditada dicha realización (lo empezó en noviembre de 2022 y constó de 380 horas lectivas) y la "necesidad y relación" con el puesto del recurrente, así como el pago del mismo y autorización del anterior jefe de la Policía Local, ya jubilado, que su sustituto no firmó porque "él no autorizó" la formación.
Con todo lo anterior, la desestimación por silencio "es contraria a derecho al carecer de sustento", concluye la resolución, que reconoce el derecho al policía local a percibir el importe del curso, reclamado en junio de 2023 al Consistorio, al que impone las costas procesales. El fallo, consultado por Europa Press, es firme, pues no cabe interponer recurso alguno.
CUARTA CONDENA AL AYUNTAMIENTO EN APENAS DOS SEMANAS.
En el pleito, el agente ha estado representado por los servicios jurídicos de CSIF, sindicato que ha valorado esta sentencia favorable a sus intereses, "la cuarta en apenas dos semanas" y con las que los tribunales están "corrigiendo decisiones administrativas que han perjudicado a empleados públicos municipales" de Santander.
A su juicio, esta resolución "evidencia una forma de gestionar los recursos humanos que genera conflictos innecesarios y obliga a los empleados públicos a judicializar asuntos que podrían resolverse mediante una correcta actuación administrativa".
Y en este caso, CSIF ve "especialmente significativo" que el Ayuntamiento mantuviera su negativa al pago pese a constar acreditada la necesidad de la formación, su autorización, su realización y el desembolso efectuado por el funcionario.
