La fiesta ilegal ('rave') que se celebró en la cantera de Roiz, en Valdáliga, desde el pasado viernes 22 de agosto y hasta el miércoles día 27, cuando terminaron de abandonar el lugar los más de 300 participantes, se va a saldar con varias denuncias por diferentes motivos, como carecer de autorización o medidas de seguridad y por acampada ilegal o tenencia de drogas en lugares públicos.
Según han informado desde la Delegación del Gobierno en Cantabria a Europa Press, las denuncias se van a interponer por infracciones relacionadas con la Ley autonómica de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, por la organización de un evento sin la autorización necesaria, ni las medidas de seguridad exigibles, lo que pudo "originar situaciones de riesgo para las personas".
Además, creen que se ha incumplido la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, por la tenencia de drogas en lugares públicos.
Y también se va a denunciar el evento por llevar a cabo una acampada ilegal y por la conducción de vehículos a motor bajo los efectos de drogas, motivo este último por el cual fueron interceptados una treintena de conductores.
La fiesta ilegal se dio por finalizada el miércoles, después de cinco días, tras abandonar el lugar un total de 312 personas, bien a pie o a bordo de 116 vehículos, que lo hicieron de forma escalonada.
En este último caso, 29 conductores dieron positivo en los controles que realizó la Guardia Civil en los accesos, 28 por el consumo de drogas y uno por bebidas alcohólicas, según pudo conocer esta agencia.
La Benemérita, que localizó a los organizadores el pasado martes, desplegó desde primera hora del sábado 23 un dispositivo especial con agentes para cerrar los cinco accesos de la zona e impedir la asistencia de más personas a la 'rave', que había sido convocada por redes sociales y se inició el día anterior. Mantuvo el dispositivo hasta el desalojo total de los asistentes, que sumaron más de 300 (en un principio se habló de cerca de 400).
Desde la Delegación del Gobierno avisaron que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes, a multas de entre 150 y 30.000 euros.
Por su parte, la empresa concesionaria de la cantera interpuso una demanda por la ocupación ilegal del espacio.
