Podemos exige las evaluaciones ambientales de varias obras encargadas a TRAGSA y TRAGSATEC en Picos de Europa y Oyambre

Podemos Cantabria ha solicitado formalmente a la Consejería de Desarrollo Rural el acceso a las evaluaciones de impacto ambiental y a los estudios de afección a la Red Natura 2000 de varias obras adjudicadas a los medios propios públicos TRAGSA y TRAGSATEC.

La petición se ha registrado después de comprobar que, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, no figura publicada documentación ambiental pese a tratarse de actuaciones en zonas de alta sensibilidad ecológica, ha indicado la formación.

Las obras objeto de la solicitud incluyen intervenciones en el Parque Nacional de los Picos de Europa, actuaciones en el Parque Natural de Oyambre, trabajos en arroyos y cauces, reforestaciones en montes públicos y proyectos dentro de espacios declarados Red Natura 2000.

Podemos considera que este tipo de proyectos requieren obligatoriamente una evaluación ambiental o un estudio de repercusiones conforme a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

En este sentido, ha advertido que la normativa estatal y europea "es muy clara: cualquier obra con posible afección a ecosistemas protegidos debe pasar controles ambientales estrictos antes de ejecutarse".

"No es comprensible que actuaciones en parques nacionales, montes de utilidad pública o zonas protegidas no tengan publicada su evaluación ambiental. La ciudadanía tiene derecho a saber si estos proyectos cumplen las garantías legales y de protección del patrimonio natural", ha subrayado.

Podemos ha recordado que es favorable a la contratación con medios propios, pero ha insistido en que la transparencia en materia ambiental "no es opcional", sino una obligación marcada por la Ley y por los tratados europeos. Además, ha subrayado que la ausencia de estas evaluaciones "no solo vulnera el acceso a la información ambiental, sino que puede poner en riesgo la conservación de espacios protegidos".

La formación también ha alertado de un "posible patrón" por parte del Gobierno autonómico, que "podría estar utilizando atajos legales para acelerar proyectos a costa de eludir trámites ambientales, como ya denunciamos en el caso de Yera. Y no es el único: tenemos más proyectos en estudio donde detectamos la misma anomalía", ha afirmado.

Finalmente, ha anunciado que continuará revisando todos los encargos realizados a medios propios y exigirá responsabilidades si se confirma que se han ejecutado obras sin los procedimientos ambientales preceptivos.