Según ha explicado, esta misma semana se organizarán asambleas informativas a las que podrán asistir socios de Adicae y cualquier otro afectado, con el objetivo de unificar la acción y convertir a los damnificados en un todo.
La Junta Única de Resolución (JUR) decidió ayer de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores del Banco Popular debido a que el tercer informe elaborado por Deloitte concluye que hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia.
No obstante, la entidad presidida por la alemana Elke König antes de tomar una decisión formal ha abierto un procedimiento para que los afectados por la operación presenten sus comentarios y alegaciones.
Ante este escenario, Pardos cree que lo "único firme" de la resolución de la JUR es que abre una consulta a todos los posibles afectados que tienen ocasión de mostrar su descontento y demostrar que han sufrido pérdidas, hasta el 14 de septiembre.
De esta forma, Adicae ha decidido abrir sus puertas a todos los afectados para que se unan a la plataforma colectiva que considera el "mejor" instrumento de defensa.
La asociación ha explicado que los afectados tienen defensa y no tiene por qué ser en primer lugar y de inmediato judicial. "Hay que salir con una actuación especial que impida que la confianza de los ahorradores vuelva a verse defraudada y hay que ofrecer defensa colectiva. Y a ser posible extrajudicial", ha precisado.
De hecho, Adicae ha asegurado que las decisiones de la JUR, un organismo técnico europeo, están siendo "cuestionadas" en todo el 'Viejo Continente'. "Ha usado el caso del Banco Popular como conejo de indias abandonando la defensa de la mayoría de los accionistas pequeños ahorradores", ha aseverado.
Para Pardos, este es un caso "flagrante de una actuación aún más oscura", el cual está siendo investigado penalmente con la personación de la propia asociación como acusación popular y particular de varios miles de afectados.
Toda la estrategia llevada a cabo por el organismo europeo la considera una táctica para "desmoralizar y asustar" a esas 300.000 familias que se han visto perjudicadas, en lugar de buscar una posible viabilidad o rescate como pasó con Bankia.
