La Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF) ha renunciado a continuar las actuaciones judiciales emprendidas contra el Ayuntamiento de Santander por las autorizaciones de uso de instalaciones deportivas, tras constatar que éstas no fueron concedidas a la Fundación Martinus sino a la Asociación Nacional de Minifútbol, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones.
Sin embargo, ha detectado "graves irregularidades" en las solicitudes presentadas para el uso de instalaciones municipales, que ha advertido que podrían tener trascendencia penal y/o administrativa. En concreto, ha indicado que se ha "usurpado" la condición de presidente de la Asociación Nacional de Minifútbol, cargo que no ostenta el firmante, Esteban Gabriel Nanfro Di Martino, y además no han sido autorizadas por dicha asociación.
Según ha trasladado en un comunicado, las solicitudes fueron tramitadas y concedidas por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) en base a esa representación falsa, y las tasas públicas bonificadas derivadas de dichas autorizaciones fueron abonadas por la Fundación Martinus en nombre de la Asociación Nacional de Minifútbol por importe de 12.450 euros, lo que "evidencia un posible uso instrumental de la asociación para la obtención de beneficios económicos públicos".
Asimismo, habría constatado que las competiciones celebradas bajo la denominación de la Asociación Nacional de Minifútbol carecen de los seguros deportivos obligatorios exigidos por ley, lo que "constituye una infracción de la normativa deportiva y pone en riesgo la integridad física de los deportistas participantes".
La Federación ha explicado que los seguros presentados ante el Ayuntamiento, tanto de accidentes deportivos como de responsabilidad civil, figuran contratados a nombre de la Fundación Martinus para sus competiciones, "que no es en ningún caso la organizadora" de las que se están desarrollando en las instalaciones municipales. Esto "parece suponer una falta de cobertura legal efectiva para los participantes y un incumplimiento de la normativa deportiva vigente", ha añadido.
NO CONTINÚA LAS ACCIONES JUDICIALES
Por otro lado, en cuanto a la decisión de no continuar las acciones judiciales contra el Consistorio, ha explicado que lo ha hecho tras analizar en detalle el expediente municipal correspondiente al procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, una vez confirmado que el Ayuntamiento no concedió autorización directa a la Fundación Martinus y que las "irregularidades" derivan de actuaciones privadas ajenas al propio Consistorio.
No obstante, la RFCF considera que los hechos detectados "revisten una gravedad suficiente" como para ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes "por la posible existencia de conductas contrarias a la legalidad administrativa y de eventual relevancia penal", derivadas de la falsedad en la representación, el uso indebido de entidades sin ánimo de lucro, obtención de beneficios de tasas públicas de forma indebida y la contratación irregular de seguros deportivos sin correspondencia con el organizador real de las competiciones.
Finalmente, la entidad ha reafirmado su compromiso con la defensa de la legalidad y ha subrayado que su actuación se rige por los principios de "rigor, independencia y colaboración institucional".
