El grupo municipal Unidos x Laredo (UxL) ha exigido una solución "urgente" para la carretera CA-500 de Seña (Limpias), ya que los vecinos han acudido a parchearla ellos mismos por sus propios medios "ante la inacción administrativa", tras "los constantes retrasos y el abandono" de las obras de mejora de esta vía que une la pedanía con Laredo.
Así, UxL ha presentado un requerimiento formal dirigido al consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), y al alcalde de Laredo, Miguel González (PP), para exigir una solución "inmediata" a la situación de esta carretera que conecta Laredo con Seña.
A través del requerimiento, UxL ha solicitado información detallada sobre el estado de la actuación, las causas de los retrasos, un calendario de finalización, medidas urgentes de seguridad y detalles de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento, ha informado UxL.
Asimismo, ha advertido que, "si la situación persiste, podrían derivarse responsabilidades por la inactividad administrativa".
La formación ha señalado que las obras fueron anunciadas el 9 de agosto de 2024 con una inversión cercana a los tres millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, que situaba su finalización en febrero de 2026.
En esta línea, ha denunciado que los trabajos "acumulan retrasos, periodos de paralización y un ritmo de ejecución incompatible con los compromisos adquiridos".
Así, ha advertido que la vía presenta "un deterioro evidente, con baches, deficiente señalización y condiciones que comprometen la seguridad de conductores, ciclistas y peatones" y ha añadido que "está provocando daños en los vehículos, como pinchazos, reventones y averías, además de afectar a la movilidad diaria, incluidas rutas escolares".
También ha destacado que los propios vecinos "han tenido que intervenir" para parchear la carretera y considera que esto "evidencia un fracaso en la gestión pública", y cree que "no es admisible que los ciudadanos suplan funciones que corresponden a la Administración".
Por otro lado, ha criticado "la falta de transparencia en la información ofrecida sobre el estado de las obras", y que "está en juego la credibilidad de las instituciones", ha concluido.
