La abogada de los familiares del hombre cuyo cráneo apareció en septiembre de 2019 en Castro Urdiales no han propuesto nuevas pruebas al personarse ante la Audiencia Provincial de Cantabria que acogerá el juicio, que se celebrará con jurado popular.
Además, la representante legal de la familia de la víctima --Jesús María Baranda, jubilado vasco que tenía 67 años en el momento de su desaparición-- se ha opuesto a la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa, en especial a la impugnación de un informe de la Guardia Civil alegando que estaba 'viciado de contenido'.
Y de una de las periciales introducidas en esta fase del procedimiento --sobre el ruido de una motosierra de la marca y modelo que supuestamente habría empleado la sospechosa, Carmen Merino, para descuartizar a su pareja-- la acusación particular considera que es extemporánea y que se tenía que haber planteado en otra fase del procedimiento, instruido por el Juzgado número tres de Castro y en fase ya de juicio oral, concretamente en la de cuestiones previas y práctica de prueba anticipada.
De su lado, la Fiscalía no ha solicitado la práctica de ninguna prueba, aunque tampoco se ha opuesto a la práctica de una de ellas, según han traslado a esta agencia las partes personadas ante la AP. La Sala de la Sección Primera deberá ahora pronunciarse sobre los planteamientos de la defensa y las acusaciones.
Después, se seleccionarán los miembros del tribunal y se señalará la vista, por unos hechos que la Fiscalía y la familia del fallecido califican de asesinato, y por los que piden 25 años de cárcel y prisión permanente revisable, respectivamente.
Mientras, el letrado de la acusada de decapitar a su pareja, cuya cabeza apareció en una caja que meses atrás había entregado a una amiga suya para que se la guardase, interesa la libre absolución de su representada.
NUEVAS PRUEBAS PROPUESTAS POR LA DEFENSA
Este abogado ha presentado dos nuevas periciales de cara al plenario. Se trata de sendos informes, el primero sobre los efectos de un somnífero -diazepam- en función de la cantidad suministrada, y que presuntamente habría administrado la procesada a su pareja para adormecerle antes de acabar con su vida, como sostienen fiscal y acusación particular. El informe de la autopsia practicada al cráneo dio positivo en esta sustancia pero sin determinar la cantidad.
Y el segundo, acerca del ruido de la motosierra que supuestamente habría adquirido y usado la sospechosa para descuartizar el cuerpo de su hasta entonces compañero sentimental en el domicilio en el que ambos llevaban siete años conviviendo, en la calle Padre Basabe de Castro Urdiales, tal y como también entienden que sucedió las dos acusaciones.
Además, la defensa aprovechó el trámite de presentación de los escritos de personación ante el tribunal para pedir la impugnación de otra prueba: un informe de la Benemérita con conclusiones de hechos y la autoría de los mismos, al considerar que los agentes "pueden hacer consideraciones técnicas pero no valoraciones".
E insistió además en la práctica de una pericial para hacer un cotejo entre la huella genética de la sospechosa y los pelos hallados en la caja en la que apareció el cráneo, y que según el Instituto Nacional de Toxicología no pertenecían al fallecido, mientras el estudio morfológico de los mismos concluyó que tampoco eran de su pareja.
Así, estaba pendiente un estudio genético del ADN que se ha solicitado reiteradamente y que no se ha realizado todavía al no haber llegado al centro de Madrid la muestra de necesaria pedida, según el letrado defensor.
ASESINATO CON ALEVOSÍA Y AGRAVANTE DE PARENTESCO
El Juzgado de Instrucción número 3 de Castro Urdiales, que ha dirigido la investigación, acordó el pasado mes de febrero la apertura del juicio oral por esta causa, remitida a la Audiencia Provincia, que debe fijar la fecha y celebrar la vista.
La Fiscalía considera a la acusada, natural de Sevilla, autora de un delito de asesinato con agravante de parentesco por el que pide 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta y una indemnización de 20.000 euros para los familiares de la víctima.
La acusación particular, por su parte, que ejercen familiares del fallecido, solicita prisión permanente revisable, y la defensa la libre absolución de su patrocinada, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de El Dueso desde que apareció el cráneo.
DESCUBRIMIENTO DEL CRÁNEO Y DEL CRIMEN
El crimen se destapó en septiembre de 2019 con el hallazgo de la cabeza en el interior de una caja de cartón, que la acusada había entregado meses atrás a una amiga suya para que se la guardara en su casa, y que ésta abrió ante el mal olor que desprendía.
En su interior descubrió un cráneo humano, dentro de una bolsa de plástico y envuelto a su vez en una página de periódico con un pasatiempo cumplimentado.
La investigación se inició tras la desaparición del hombre, del que no se sabía nada desde febrero de 2019 y cuyo cuerpo no ha sido encontrado hasta ahora.
Entre las declaraciones tomadas en sede judicial, que en dos años cambió tres veces de titular, destaca la practicada a la sospechosa en noviembre de 2020, cuando rompió su silencio para asegurar que no tuvo "nada que ver" con la desaparición y fallecimiento de su pareja.
Carmen Merino añadió entonces ante el magistrado instructor que no tenía "ni idea" de qué le había "podido ocurrir" al hombre, y resaltó en cualquier caso que ambos "se querían muchísimo".
Y una testigo -hermana de la que abrió la caja- declaró que tras el macabro descubrimiento la procesada le había asegurado que había podido "guardar" la cabeza de su pareja y el "secreto tan gordo" de lo ocurrido meses antes "gracias a las pastillas".
