El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que adopte los acuerdos de distribución de recursos con suficiente antelación para el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas con el fin de que las operaciones de préstamo puedan estar formalizadas con las comunidades autónomas con tiempo suficiente para que éstas atiendan sus vencimientos.
En el informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de los ejercicios 2015 y 2016, el Tribunal de Cuentas subraya además que en caso de que esos fondos no lleguen a tiempo para atender esos vencimientos, ese retraso de la comunidad debería ser retribuido con una compensación equivalente al coste que esa financiación tiene para el Estado.
En este sentido, el informe apunta que de estimarse oportuno, el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos debería evitar la penalización en caso de demora.
Además, el Tribunal recalca que el programa para la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) debe ser objeto de revisión y actualización porque existen cláusulas cuya aplicación "no se acomoda a la práctica", y requiere consignar datos en la plataforma que no tienen valor para la gestión.
Por otro lado, recomiendan al Gobierno implementar un método de cálculo de la compensación que debe recibir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por las labores de gestión financiera de los fondos de financiación de las comunidades autónomas igual al utilizado por otros fondos sin personalidad jurídica para los que el ICO desempeña las mismas funciones de gestión.
APLICACIONES INFORMÁTICAS
Además, desde el Tribunal de Cuentas, proponen al Ministerio de Hacienda el desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas que faciliten y permitan el examen de la información relacionada con el pago a proveedores y que genere sistemas de trabajo con unos niveles adecuados de seguridad, integridad y trazabilidad en el tratamiento.
En este punto, también recomiendan que se generen las herramientas informáticas necesarias para hacer un seguimiento adecuado de las peticiones de fondos, modificaciones y monitorización del pago de vencimientos.
Asimismo, señalan la necesidad de crear un reglamento y de manuales internos de gestión de los procedimientos para homogeneizar el proceso y asegurar que el contenido contenga las declaraciones oportunas.
SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS
El informe también hace hincapié en la necesidad de generar un plan de tesorería que evite saldos "demasiado elevados" en cuentas bancarias abiertas en el Banco de España. Pretende así que esos saldos respondan a las necesidades reales del Fondo de Financiación.
Además, el Tribunal de Cuentas sugiere diseñar e incorporar indicadores de seguimiento de objetivos en el Programa Presupuestario destinado a la financiación del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
A pesar de esta batería de recomendaciones, el tribunal subraya que estos fondos destinados a las CCAA en 2015 y 2016 han permitido incentivar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y han ayudado a disminuir el periodo medio de pago a proveedores. Según explican, esto ocurre porque se ofrecen unas medidas más favorables de financiación a las comunidades adheridas a la Facilidad Financiera (uno de los cuatro compartimentos de estos fondos).
También destacan desde el tribunal que con estos fondos se refuerza el cumplimiento de obligaciones de transparencia y suministro de información por parte de las comunidades.
No obstante, en las conclusiones del informe subrayan que el Real Decreto Ley de 2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y entidades locales carece de desarrollo reglamentario y apuntan que, de tenerlo, daría "publicidad y transparencia" al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
APORTACIONES POR ENCIMA DE LAS NECESIDADES
Sobre el funcionamiento del Fondo, y las fuentes de financiación, recuerdan en las conclusiones al igual que en las recomendaciones, que las aportaciones patrimoniales superaron las necesidades reales del fondo, y apuntan que esto se pone de manifiesto con la existencia de un remanente de la dotación presupuestaria de los Presupuestos Generales de 2016 por importe de 2.200 millones de euros.
En este punto señalan que hubo un exceso de recursos aportados al fondo dado que esas aportaciones superaron las operaciones firmadas con las CCAA. Esto, sumado al examen de los saldos medios de las cuentas bancarias en 2015 y 2016 evidencian para el tribunal "la falta de una gestión adecuada de la tesorería".
