La Federación Cántabra del Taxi ha trasladado al Gobierno regional la "imperiosa necesidad" de redactar una norma que "regule y diferencie" el servicio privado de VTC (vehículos de arrendamiento con conductor) del público que prestan ellos en la región.
Y, para ello, el colectivo ha propuesto una serie de medidas que, a través de un comunicado, propone al Ejecutivo PRC-PSOE, entre las que figura una pre-contratación del citado servicio, en fecha diferente a la realización del mismo y con un mínimo de doce horas de antelación.
La misma, que deberá figurar en la página web de control del Ministerio de Fomento, se deberá incluir al menos el nombre completo de uno de los viajeros o datos fiscales de la empresa solicitante, así como los detalles del servicio -itinerario, duración y precio-.
Los taxistas también exigen que sea obligatorio que se coloque en el vehículo VTC un distintivo numerado y oficial, que además deberán volver a su base en caso de no existir ningún servicio ya contratado, salvo las excepcionales tareas de mantenimiento del mismo.
Por lo demás, y según las propuestas que la Federación ha remitido a la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria, piden que se prohíba a estos coches aparcar en la vía pública, parkings o garajes, salvo para la espera de un servicio ya contratado.
Los taxistas entienden que los mismos estarán "propiciando la captación" cuando se encuentren estacionados en lugares próximos a sus paradas, aeropuertos, puertos, estaciones de tren y autobuses, hoteles, centros comerciales o lugares de ocio como discotecas.
También proponen que se prohíba la geolocalización que permita a los usuarios ubicar las VTC disponibles de forma previa a la contratación, ya que consideran esto "captación", así como tampoco circular por la vía pública en busca de clientes, o el uso de cualquier publicidad externa en los coches VTC
Los taxistas también quieren la disposición de un conductor "como mínimo" por cada vehículo, en régimen completo en la Seguridad Social.
Asimismo, quieren que la dirección fiscal de estos coches estén siempre en el mismo territorio de concesión de la autorización, y que únicamente se autorice la puesta en servicio de vehículos con menos de dos años de antigüedad, de modo que ninguno con diez o más años pueda seguir prestando el servicio.
Además, según el documento de la Federación, el Gobierno y los cuerpos policiales habilitados en materia de inspección deberán conocer y aplicar esta norma y cuantas se dispongan en los municipios de la región.
Igualmente, contemplan la cesión de competencia a ayuntamientos, áreas de prestación conjunta o cualquier ente creado que ostente las competencias municipales de transporte, que se establezcan los medios para la retirada paulatina de las autorizaciones VTC y un reglamento sancionador para las infracciones cometidas, que contemple la retirada de la autorización por incumplir el reglamento que la Federación propone al Gobierno.
