miércoles. 05.10.2022

Gobierno cree que el problema de afectados de Montes está "encauzado" pese a quedar 271 reclamaciones por resolver

CANTABRIA.-Gobierno cree que el problema de afectados de Montes está "encauzado" pese a quedar 271 reclamaciones por resolver

El Gobierno de Cantabria considera que el problema de los afectados por la Ley de Montes está "absolutamente encauzado" con el nuevo marco jurídico que se comenzó a aplicar hace un año la comunidad, que abría nuevas opciones de demostrar la propiedad de la finca. Pese a ello, aún quedan por resolver 271 reclamaciones administrativas por resolver de las 532 presentadas.

Así lo han señalado, en rueda de prensa, el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria (PRC), y el director general de Medio Natural, Antonio Lucio, que, según han explicado, han decidido informar de la situación ante su temor de que esta problemática vuelva a ser usada como "arma electoral" como, a su juicio, hizo el PP, en la pasada legislatura y en su campaña previa.

LOS DOS MARCOS JURÍDICOS

También la rueda de prensa se ha celebrado cuando ahora se cumple también un año de la entrada en vigor del nuevo marco jurídico que, según Oria y Lucio, ha hecho incrementar el porcentaje de resoluciones favorables a los reclamantes.

Concretamente, han señalado que, con el nuevo marco jurídico, de las 46 reclamaciones resueltas en este año un total de 35 han sido favorables al reclamante y 11 contrarias.

Esto rebaja el porcentaje de resoluciones contrarias al reclamante a un 24% frente al 49% que había si se toma en cuenta las que había hasta ese momento, desde 2009 hasta la puesta en marcha del nuevo marco jurídico, un periodo en el que se resolvieron 215 reclamaciones, de las que 110 fueron favorables y 105 en contra.

Para demostrar que la parcela es suya y no Monte de Utilidad Pública (MUP) propiedad de un ayuntamiento o junta vecinal, los reclamantes deben demostrar documentalmente que han tenido posesión "continuada", "pública", "pacífica" y "no interrumpida" durante 30 años con anterioroidad al 21 de febrero de 2004, fecha en la que entró en vigor la Ley de Montes de 2003 aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que, según Oria, es el origen de la problemática.

El titular de Medio Rural y el director general de Medio Natural han explicado que en 2010 --durante la anterior etapa de Gobierno PRC-PSOE y con Oria como consejero del área-- un estudio a un profesor de la Universidad de Cantabria (UC) estableció una batería de posibles documentos que podrían servir a los propietarios para demostrar la propiedad de sus fincas.

Sin embargo, han señalado que, ya con el PP en el Gobierno, un informe encargado a los Servicios Jurídicos del Gobierno determinó en 2012 que para demostrar la propiedad solo se tendría en cuenta que la finca estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad.

Oria y Lucio han explicado que esto suponía el marco "más restrictivo" al solo considerarse uno de los documentos que citaba el estudio del profesor de la UC como medio de prueba de la propiedad.

Además, han opinado que era "muy raro" que solo se admitiera como prueba la inscripción en el Registro de la Propiedad cuando no ha sido algo "históricamente obligatorio" en el caso de las fincas de los montes.

En este sentido, han explicado que con la vuelta del bipartito PRC-PSOE al Gobierno y de Oria a la Consejería, en diciembre de 2015 se hicieron movimientos desde este departamento para que los Servicios Jurídicos del Gobierno volvieran a pronunciarse sobre los medios de prueba válidos para demostrar la capacidad.

Finalmente, el pronunciamiento de los Servicios Jurídicos estableció que para demostrar la propiedad de la finca no era imprescindible estar en el Registro de la Propiedad, sino que para probarlo se podían presentar otro tipo de documentos.

Según han explicado, este marco es menos restrictivo pero más complejo de llevar a cabo porque no solo exige comprobar si está inscrita o no en el Registro la propiedad sino que requiere investigar "el tracto" de la finca en los últimos 30 años.

Oria ha recordado que, tras una tramitación "penosa", este nuevo marco jurídico se comenzó a aplicar en febrero de 2018, hace un año, incrementándose el porcentaje de resoluciones favorables.

Según el consejero, deja "absolutamente encauzado" el problema, no solo con el actual Gobierno, sino también con los que le sucedan.

De hecho, ha explicado que el Gobierno de Cantabria examina de oficio no solo las resoluciones pendientes de resolver, sino aquellas 105 reclamaciones que fueron desestimadas con el anterior marco jurídico por si con el actual pudiera considerarse probada la propiedad.

En este momento, se están analizando aquellas reclamaciones pendientes de los años 2011-2015.

En la rueda de prensa, Oria ha detallado que de las 532 reclamaciones previas a la vía judicial presentadas desde 2009 --casi todas de reclamación de propiedad-- afectaban a 47 municipios, aunque el 63% del total se concentran en cinco: Valdáliga (127); Torrelavega (82); Voto (53), Cartes (48) y Guriezo (26).

Por otra parte, ha dado también algunos detalles de otras problemáticas relacionadas con los MUP y las vías que se han explorado de forma "decidida" en esta legislatura, como son, según ha dicho, las concesiones de uso privativo --841-- o las desafectaciones de viviendas situadas dentro de los MUP (43).

En relación a las 841 concesiones de uso privativo otorgadas en esta legislatura (datos hasta el 1 de febrero de 2019), el 65% fue para aprovechamientos forestales, con una duración media de 45 años, las restantes fue para padreríos para uso ganadero (suelen tener una vigencia mínima de unos 10 años) y en algunos casos para usos agrícolas, como viveros.

El 91% de las concesiones otorgadas afectan a parcelas en siete municipios: Ampuero, Castro Urdiales, Udías, Medio Cudeyo, Voto, Torrelavega y Valdáliga.

Por otra parte, las 43 viviendas desafectadas en esta legislatura se localizan en doce municipios, aunque principalmente se concentran en Solórzano, Voto, Los Corrales de Buelna, Valdáliga y Guriezo.

Con estas desafecciones, estas viviendas (de uso habitual) dejan de estar en dominio público forestal, de forma que no tienen ninguna carga derivada de esa condición.

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