El sector del turismo en Cantabria aboga por una normativa que regularice el alquiler vacacional. Así se desprende de las intervenciones de representantes de esta actividad en la región, reunidos con motivo de la jornada 'Percepción y valoración del cliente de la vivienda'.
La cita ha contado con la participación de la jefa de Servicio de la Dirección General de Turismo de Cantabria, Mauri García López, quien aseguró que este departamento sancionará a los alojamientos turísticos de alquiler vacacional que no estén registrados ante la Administración autonómica.
En este sentido, recordó que el decreto que regula esta actividad en la Comunidad "hay infracciones que sí están tipificadas y por tanto sí son sancionables". De todas formas, se mostró partidaria de conseguir una "convivencia racional" y la "colaboración entre el ámbito privado y el público", informan los organizadores de la jornada.
Por su parte, el secretario de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria, Agustín de la Torre, indicó que al ver que "el mercado iba hacia lo online", la agrupación puso en marcha su propio motor de reservas por internet e iniciativas como 'Digitalizar para globalizar' y 'Destino experiencias'.
Así, este sector se posicionó en la gestión turística online "incluso antes de lo que pensaba el mercado", por lo que la competencia de las plataformas digitales de alquiler vacacional no les ha "pillado por sorpresa".
"No se pueden poner puertas al campo", opinó De la Torre, para abogar a continuación por "identificar bien al cliente y enamorarlo con unas instalaciones acogedoras, trato amable y conocimiento de la zona", para no dejarse "comer la tostada".
Fernando de la Pinta, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, reconoció de su lado que las plataformas digitales "han sabido aprovechar el tirón de los comentarios de los usuarios de los establecimientos", que es "lo primero que ve un viajero", y también "el trato más personal".
Pero aseguró que "esto se va a regularizar. Tendremos que entendernos, hay que buscar las soluciones, hay que tender la mano y encontrar fórmulas", defendió, a la par que consideró que la administración debe identificar a quien "quiere" legalizar su situación y a quien "no tiene intención de hacerlo".
