El Grupo Municipal Unidos por Laredo (UxL) ha registrado sendos escritos ante el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno para conocer los datos, la legalidad y las responsabilidades en la custodia de detenidos en el municipio.
Además, ha solicitado la convocatoria urgente de una comisión informativa para que el interventor y el secretario municipal expliquen "con claridad qué cuesta realmente el servicio, por qué y bajo qué cobertura legal".
Así lo ha dado a conocer en un comunicado después de que este lunes el alcalde, Miguel González (PP), informó de que ha pedido formalmente al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), una compensación económica para el municipio por "el gasto de 200.000 euros anuales que supone para el Consistorio la custodia de detenidos" en los calabozos de la Policía Local, procedentes de Laredo, Ramales de la Victoria, Ampuero y Castro Urdiales.
También propuso destinar dicha compensación a la rehabilitación de la Puebla Vieja y dio un plazo dos meses para obtener una respuesta o la adopción de una solución que respalde la carga económica del municipio. En caso contrario, afirmó que el Ayuntamiento "se verá obligado a cerrar los calabozos para el uso de otras localidades".
Ante esto, UxL ha advertido que este planteamiento "no resiste un análisis mínimo de coherencia".
"González afirma que se han recibido en torno a 11.000-12.000 euros por más de 200 detenidos, en base a los 35 euros diarios. Pero utilizar ese dato para dividir el coste global de 200.000 euros y sugerir cifras cercanas a 1.000 euros por detenido supone mezclar costes estructurales con ingresos variables, generando una imagen inflada y distorsionada, haciendo 'tontos' a los laredanos y no lo somos, ni mucho menos", ha afirmado el portavoz de la formación, Ramón Arenas.
En este sentido, ha criticado que "no se puede convertir un dato complejo en un eslogan", y ha lamentado que "lo que se ha presentado no es un análisis económico, sino una simplificación demagógica que puede inducir a error a la ciudadanía".
Aunque ha asegurado que el grupo municipal "no niega ni afirma que pueda existir un problema de financiación", ha advertido de que la solución "no puede construirse sobre cifras mal planteadas, sino sobre datos verificables, desglosados y jurídicamente fundamentados".
Al hilo, ha tildado de "maniobra claramente oportunista" el tratar de "conectar" este relato con la Puebla Vieja "como si su rehabilitación dependiera de esta cuestión". "Busca desviar el foco del problema social que es la desatención que sufre la Puebla Vieja por parte de este alcalde", ha denunciado Arenas.
Por ello, UxL ha solicitado el acceso completo al expediente municipal, incluido el informe de Intervención, el desglose "real" de costes y los datos de detenidos de los últimos cinco años.
Asimismo, ha exigido conocer los convenios o acuerdos con el Ministerio del Interior y las cantidades efectivamente percibidas.
De forma paralela, la formación ha requerido a la Delegación del Gobierno que aclare si existe base jurídica para este servicio, cuál es su régimen económico real y qué ocurriría en caso de que el Ayuntamiento deje de prestarlo.
En su opinión, "o hay un problema real que debe explicarse con rigor, o se está construyendo un relato de ficción política sobre cifras mal interpretadas y peor explicadas", se ha cuestionado.
Por último, el grupo municipal ha incidido en que decisiones de esta "magnitud" -incluido el eventual cierre del servicio- "no pueden anunciarse en vídeos, sino que deben sustentarse en expedientes administrativos, informes técnicos y garantías legales", ha apostillado.
