El posible acuerdo con Higuera garantiza la devolución del dinero público, el juicio no

La sociedad reconoce conversaciones, pero no la firma de un acuerdo.

Los responsables jurídicos y gerenciales de CANTUR S.A. desmienten que se haya formalizado acuerdo alguno en el Procedimiento del TRIBUNAL DEL JURADO 0004154/2012 que se sigue frente a Diego Higuera Ceballos.

La posibilidad de llegar a un acuerdo fue propuesta por la defensa de Don Diego Higuera, y analizada el pasado Marzo en el seno del Consejo de Administración de CANTUR S.A.. A este respecto, el parecer jurídico mostraba no solo la legalidad de un posible acuerdo sino la conveniencia “mercantil” del mismo, dado que se garantizaba la recuperación total de las cantidades requerida, así como la totalidad de las costas procesales y los intereses legales a los que fue condenado en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Cuentas por los mismos hechos.

Desde el punto de vista “puramente mercantil” el Consejo de Administración de CANTUR S.A., en ningún caso el Consejo de Gobierno de Cantabria (Tal como se aseguraba en la publicación de El diario montañes), consideró un acuerdo de restitución económica como adecuado para los intereses mercantiles de la sociedad, algo que no se garantiza en los procesos judiciales de este tipo, todo ello en el marco de la legalidad.

Dado que la responsabilidad fundamental del Consejo de Administración de una sociedad mercantil, sea o no pública, lo es a efectos mercantiles, y a la vista de toda la documentación e información disponible, el Consejo aprobó el mantenimiento de conversaciones en pos de un acuerdo que garantizase la total reparación del daño económico causado a la empresa. 

En cualquier caso, y a pesar del acuerdo adoptado hace más de tres meses en el Consejo de Administración de CANTUR S.A., y a la vista de la trascendencia jurídica y política de un posible pacto, la empresa pública no ha suscrito ningún acuerdo. 

Diego Higuera esta acusado de delito continuado de malversación de caudales públicos tras gastar en beneficio propio casi 133.000 euros que si se llegara a un acuerdo, los recuperaría el erario público.