El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles y degradantes (MNP), ha recopilado la información del 85% de los ayuntamientos españoles sobre las actuaciones policiales de las policías locales en materia de detenciones, que se elevan a 51.178 personas por agentes de 969 localidades. Del total de detenciones, 24.280 personas permanecieron bajo custodia policial.
Estas son las primeras cifras del proyecto Ábaco con el que la institución pretende obtener un mapa de todos los lugares con privación de libertad que existen en España y dar respuesta a esta falta de información para dotar de mayor transparencia a estas instalaciones.
"En la actualidad es muy complejo conocer el número exacto de centros en los que se encuentran personas privadas de libertad ya que ninguna administración ni institución cuenta con la totalidad de estos datos", indica el Defensor en un comunicado.
Hasta el momento, han contestado a esta institución un total de 1.805 municipios, lo que supone una participación del 85% de los ayuntamientos a los que se les ha solicitado información. La gran mayoría de estos consistorios --1.632-- cuentan con cuerpos de Policía Local.
De estos datos se desprende también que en toda España, a lo largo de 2017, se detectaron 255 incidentes entre agresiones a los agentes (123), fallecimientos (9), quejas por malos tratos (11), intentos de suicidio (20) y autolesiones (92).
Próximamente, dentro de este proyecto Ábaco, el Defensor del Pueblo iniciará nuevas campañas de recogida de información con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil y pedirá a la Policía Local los datos relativos a su labor en 2018.
El MNP ha realizado 875 visitas desde 2010. Hasta la fecha, a la hora de hacer la selección de lugares a visitar, ha intentado conciliar tres aspectos: mantener un equilibrio territorial y de población adecuado; asegurar cada año una presencia significativa de todas las modalidades de privación de libertad; y dar prioridad a los lugares con cifras más altas de personas privadas de libertad.
