El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC) ha dado hoy el visto bueno al presupuesto de la institución para 2019, que asciende a 112,77 millones de euros, un 3,73 por ciento más que el de este ejercicio, y ha aprobado la concesión de los Premios Extraordinarios de Doctorado 2018.
El siguiente paso a este Presupuesto es la valoración por parte del Consejo Social de la UC, órgano competente para su aprobación definitiva, que celebrará pleno ordinario este jueves, 20 de diciembre, ha informado la UC en nota de prensa.
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno también al presupuesto de la Fundación Leonardo Torres Quevedo (FLTQ), pendiente asimismo de la aprobación por parte del Consejo Social.
En cuanto a los Premios Extraordinarios, los de Ingeniería y Arquitectura han sido para Alberto Díez Ibarbia, Lucía Gómez Coma, Daniel Jato Espino, Tamara Llano Astuy, Ana Cristina Rueda Zamora, Germán Santos Bergel y Gabriel Zarca Lago.
Los de Ciencias Sociales y Jurídicas han recaído en Araya Alicia Estacona Pérez, Marta Pérez Pérez y Ángela Saiz Linares; el de Ciencia, en Rodrigo García Manzanas; y el de Artes y Humanidades, en Benita Herreros Cleret de Langavant.
Además, el Consejo ha dado el visto bueno al Informe del Rector de 2018, al igual que hiciera el pasado viernes el Claustro.
SENTENCIA
Por otro lado, el rector de la UC, Ángel Pazos, ha informado a los miembros del Consejo de Gobierno sobre la situación de la sentencia judicial que contempla la reclamación de un estudiante de la UC sobre su derecho a matricularse en el antiguo plan de titulaciones anterior a Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan de Bolonia.
Pazos ha relatado la secuencia de acontecimientos que concluyen en la citada sentencia, informando que ya ha sido aplicada admitiendo la matrícula del alumno. Sobre este asunto, el rector ha incidido en la complejidad de la interpretación de la norma de extinción del antiguo plan, regulada por la disposición segunda del RD 1393/2007.
Por ello, la institución solicitó, antes de aplicarla, una consulta al Ministerio de Educación, que consideró en su respuesta que la universidad aplicaba convenientemente la normativa. El rector ha informado, asimismo, sobre la existencia de jurisprudencias distintas entre sí en diferentes comunidades autónomas.
